Más 2.200 usuarios de teleasistencia de la provincia de Ávila se podrán beneficiar de la teleasistencia avanzada «a coste cero» una vez que la Junta de Castilla y León apruebe definitivamente el proyecto de ley de modificación de la Ley de Servicios Sociales, cuya aprobación inicial tuvo lugar en el pasado Pleno de las Cortes y la definitiva se llevará a cabo la próxima semana. Así lo destacaron los procuradores del PP de Ávila Miguel Ángel García Nieto y David Beltrán, que comparecieron para destacar tanto ese acuerdo como otro que permitirá a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital que antes recibían Renta Garantizada de Ciudadanía compensar las pérdidas que han sufrido en la cuantía que percibían, una situación que afecta a más de 80 abulenses.
En cuanto al proyecto de ley de modificación de la Ley de Servicios Sociales, cuya aprobación inicial salió adelante «sin el apoyo de PSOE y Podemos», García Nieto precisó que se ha modificado para poner en marcha «un salto cualitativo importantísimo» con la teleasistencia avanzada. Según explicó García Nieto, con su puesta en marcha «se van a poner las nuevas tecnologías al servicio de esas personas que más lo necesitan, y vamos a ser capaces tanto en el hogar como en la calle de auxiliar y de anticiparnos a los problemas y a las emergencias que puedan sufrir». Para ello se contará con diferentes dispositivos tecnológicos que «van a mejorar la seguridad y la calidad de vida como pueden ser sensores de presencia, detectores de humo, detectores de caídas, de deambulación». Esta teleasistencia contará con un patrón de la persona y en cuanto se altere, inmediatamente saltará una alarma en una central única para toda Castilla y León, y desde ahí se activarán las asistencias.
A este «salto cualitativo», en el que Castilla y León será pionera en España, al ser la primera comunidad que regulará esta teleasistencia avanzada, se unirá que la Junta va a asumir el coste total del servicio, y lo que tendrán que pagar tanto las entidades locales como los usuarios será «cero euros», aseguró.
Profundizando en los datos, en Ávila capital, dependientes de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, hay 371 usuarios de teleasistencia, mientras que de la Diputación son 1.062, con lo que suman 1.433 usuarios en la provincia y que progresivamente, una vez que se apruebe en las Cortes, se les irá implantando esta teleasistencia avanzada. De esos 1.433, 954 tienen algún grado de dependencia calificado. Además Cruz Roja cuenta con otros 811 usuarios que también se podrán beneficiar de esta medida, lo que hacen en total 2.244 usuarios de teleasistencia.
La Junta de Castilla y León, a través del acuerdo marco, aportaba 90.000 euros para la teleasistencia (7.302 euros para los dependientes del Ayuntamiento y 82.659 euros para los de Diputación). El coste total de la teleasistencia asciende en la provincia a 254.127 euros, de los cuales hasta ahora la Junta aportaba 89.961 euros (el 35,4%); las entidades locales (Ayuntamiento de Ávila y Diputación Provincial), 44.472 euros (el 17,5%); y los usuarios, 119.694 euros (el 47,1%, y na vez que se apruebe en las Cortes, asumirá la Junta completamente este gasto.
Por otro lado, el Pleno aprobó una ley que modifica el decreto legislativo de Renta Garantizada de Ciudadanía por el que la Junta complementará por ley el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno. García Nieto precisó que «el Ingreso Mínimo Vital es una buena medida para ayudar a las personas que lo necesitaban, pero ha sido garrafalmente mal gestionado y ha provocado un absoluto caos administrativo». En este sentido, explicó que a muchas de las personas que les han concedido el IMV y que venían cobrando Renta Garantizada de Ciudadanía anteriormente han pasado a cobrar menos. Hasta ahora, precisó García Nieto, en Castilla y León, «vía subvención», se les ha dado un dinero suficiente para que esa diferencia se cubriera y no cobraran menos. A partir de ahora, con el acuerdo en las Cortes del pasado Pleno, se «legalizará» que todo el mundo que cobre menos con el Ingreso Mínimo Vital que lo que percibía por la Renta Garantizada «se le complemente y cobre como mínimo lo que venía cobrando antes».
Profundizando en los datos de la provincia de Ávila, en junio había 666 beneficiaros de Renta Garantizada de Ciudadanía que cobraron 357.249 euros; en julio había 605; en agosto, 571; en septiembre, 500; y en octubre 482 beneficiarios, que cobraron 250.138 euros. En cuanto al Ingreso Mínimo Vital, en la provincia de Ávila se presentaron 3.038 solicitudes y se han resuelto «sólo» 951, el 31,3%, y de ellas han sido aprobadas 506, lo que supone el 53,21% de las resueltas, siendo denegadas 445 (el 46,79%), lo que calificó como «un auténtico desastre». García Nieto continuó explicando de esas 506 solicitudes aprobadas, tenían Renta Garantizada 182 personas, y de ellas 83 ahora reciben menos cuantía. «La cuantía media de la Renta Garantizada era de 512 euros mientras la cuantía media que perciben ahora del Ingreso Mínimo Vital es de 255 euros, con lo que han perdido 257 euros», apuntó, una cantidad que ha sido subvencionada por la Junta beneficiando a 65 familias por un importe de 46.869 euros.