4.470 hogares esperan el cobro del bono social térmico

P. Velasco
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La Consejería de Familia ha encontrado 2.400 fallecidos entre el listado de beneficiarios del año pasado facilitado por el Ministerio, por lo que el presupuesto ha bajado 400.000 euros

Una de las usuarias de uno de los colectivos sociales que recibe ayudas para pagar la luz. - Foto: Alberto Rodrigo

El precio de la luz es uno de los temas más debatidos en las últimas semanas. La subida de costes y los tramos son dos de los aspectos que más se hablan en la calle durante estos días. Medidas que afectan a muchos ciudadanos de Castilla y León, pero que repercuten de una forma más sensible en las familias vulnerables de la Comunidad y para las que se intenta buscar ayudas a través de programas como el bono social térmico. Una subvención que intenta compensar los gastos térmicos ocasionados a los consumidores más vulnerables por el uso de la calefacción y el agua caliente o cocina.

Sin embargo, este bono social térmico, que estaba previsto que se abonara durante el primer trimestre del año, se ha retrasado para la mayoría de familias de la Comunidad y en el caso de 4.471 beneficiarios todavía siguen pendientes de pagos porque no se les ha podido abonar la prestación.

Las primeras cuantías de este bono fueron gestionadas por el Gobierno central en 2019, mientras que al año siguiente se pasó su gestión a las comunidades autónomas. Precisamente, en un principio estaba previsto que estas ayudas se abonaran en el primer trimestre del año pero la revisión de los datos facilitados por el Ministerio ha retrasado el abono de esta prestación hasta el mes de junio. Esta revisión ha sacado a la luz que había 2.400 personas fallecidas en años anteriores y que seguían apareciendo como beneficiarios.

Esto ha supuesto que del presupuesto total aportado por el Ministerio para el bono social térmico de 2020, y que ascendía a 8.800.000 euros, se han devuelto alrededor de 400.000 euros por todas estas personas fallecidas y que ya no tenían derecho a estas subvenciones. 

Los motivos

De momento, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se ha pagado la prestación a 86.464 personas en la Comunidad. A estas hay que sumar las 4.471 que están pendientes del pago. La mayoría de ellos, un 43 por ciento, no se ha podido abonar la prestación por no disponer de número de cuenta bancaria. La Junta también ha registrado un 31 por ciento de cartas devueltas y un 21 por ciento son fallecidos que han cambiado de número de cuenta y tienen que presentar documentación acreditativa, mientras que un cinco por ciento fue por errores en el IBAN.

Las ayudas se abonan en una única paga y la cuantía mínima que recibirá cada hogar será de 25 euros y la máxima de 123,94. Para poder acceder a ella es necesario que antes del 31 de diciembre del año pasado hubieran solicitado el bono social eléctrico (el descuento en la factura de la luz que se concede a familias con recursos económicos insuficientes). Además se tiene en cuenta la zona climática en la que se reside por lo que el Ministerio ha establecido un criterio lo más objetivo posible se ha fijado en el Código Técnico de Edificación y que va desde los lugares más cálidos a los más fríos del país.

«Un hogar confortable es muy importante»

La pobreza energética es uno de los bienes de primera necesidad más demandados por los usuarios de Cruz Roja, al igual que de otros muchos colectivos sociales. Eva Fernández, coordinadora de Cruz Roja en Castilla y León, incide en que este problema también afecta a la salud: «No tener un hogar confortable, en los colectivos más vulnerables que pueden ser los niños o las personas mayores, acaba derivando en otros problemas como el éxito escolar o no», señala.

Desde la organización valoran «cualquier mecanismo que se articule para favorecer a las personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes en algo tan básico como puede ser la luz o el agua, especialmente en invierno», como ocurre con proyectos como el bono social térmico. «Estamos tan preocupados que queremos contribuir dando un paso más como organización que quiere compensar sus emisiones de CO2. En nuestro caso tenemos dos fórmulas para compensar. Por una parte, hay un plan vinculado a medio ambiente en el que reforestamos terrenos, y por otro trabajar con las familias que necesitan ayudas para compensar donde no llega las administraciones», afirma Fernández, con herramientas como trabajar en el ahorro energético o proveer de instrumentos que permiten ese ahorro, así como formación.