Pese a lo que cabría pensar, por la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus, lo cierto es que esto no se ha traducido en un aumento de los litigios que llegan a los juzgados por conflictos entre arrendatarios e inquilinos. Al menos así lo demuestra la última estadística de litigios en arrendamientos urbanos del INE que ofrece datos del 2020.

De hecho, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, las sentencias dictadas en Ávila por asuntos relacionados con contratos de alquiler fueron solo trece, lo que supone una reducción del 55,2 por ciento frente a las emitidas un año atrás, cuando los conflictos por arrendamientos resueltos en los juzgados fueron 29 en el conjunto de esta provincia. También es cierto, a tenor del histórico estadístico del INE, que 2019 fue un año especialmente conflictivo en este sentido teniendo en cuenta que un año atrás los litigios resueltos por los juzgados habían sido 15 y 20 en 2017.  

Y aunque Ávila no es una excepción, y la caída de litigios por este tema fue generalizada en todo el país, lo cierto es que aquí la conflictividad se redujo en mayor medida teniendo en cuenta que a nivel nacional los asuntos relacionados con alquileres que llegaron a los juzgados fueron 12.458, frente a 14.618 el año anterior, lo que implica una caída del 14,8 por ciento.

Ávila es, de hecho, una de las provincias españolas con menor conflictividad en este sentido, concretamente la segunda, tras Cuenca, donde los juzgados resolvieron media docena de asuntos de este tipo en 2020, y con el mismo número de litigios que Palencia y Soria, donde el pasado año cerró también con trece sentencias emitidas en relación con arrendamientos urbanos.