La secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad de CCOO-CyL, Yolanda Martín, denunció hoy en Valladolid que la brecha salarial de género se sitúa ya en el 24,2 por ciento en Castilla y León, y que cada año va aumentando medio punto porcentual. Por ello, reclamó en la sede del sindicato la puesta en marcha de planes de igualdad en las empresas de la Comunidad con las que se dé cumplimiento al Real Decreto-ley 6/2019 de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

De acuerdo con la ley en vigor, las empresas de más de 250 trabajadores ya están obligadas a contar entre sus políticas con planes de igualdad activos que atiendan al proceso de selección y contratación, la clasificación profesional, la formación, la promoción, las condiciones de trabajo, las retribuciones o la infrarrepresentación femenina, Sin embargo, de las 74 empresas con más de 250 trabajadores radicadas en Castilla y León solo 39 tienen en vigor planes de igualdad.

El real decreto que entró en vigor el pasado año contempla además la progresiva implantación de esta medida en todas las compañías que cuenten con más de medio centenar de salariados. Así, desde el 9 de marzo de 2020 estarán también obligadas a ello las empresas con entre 150 y 250 trabajadores (75 en la Comunidad, de las cuales solo tres cuentan con esta medida), un año después la normativa afectará a las que cuenten con entre 100 y 150 empleados, y el 9 de marzo de 2022 todas las firmas con más de 50 trabajadores deberán contar con planes de igualdad en marcha. Esto implica que solo el 28,2 por ciento de las 149 compañías de la Comunidad que tienen más de 150 trabajadores cuentan con esta medida, aunque a partir del 9 de marzo estarán obligadas a ello por ley

Como explicó el responsable de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO en Castilla y León, Fernando Fraile, lamentan la tibieza sancionadora que contempla la normativa, puesto que quienes incumplan con la ley a partir del 9 de marzo podrían ser sancionados con multas de entre 600 y 6.000 euros, una cantidad que desde el sindicato consideran insuficiente ya que “entre las que prefieren pagar la sanción si las multan y las que se esconden en negociaciones ficticias, no firmar un plan de igualdad le puede salir gratis a una empresa a día de hoy”.

Por ello, reclaman al Gobierno central una actualización de esas sanciones y hacen un llamamiento a las empresa que deben implantar la medida en apenas dos meses, pero también a las que se verán obligadas a hacerlo en 2021 y 2022, “que se pongan a trabajar ya porque es su obligación para que llegadas las fechas establecidas tengan el plan”.

“Los planes de igualdad persiguen un equilibrio en las relaciones de trabajo entre mujeres y hombres, y permitirán mejorar las condiciones de ambos sexos porque cada empresa tiene un pan de igualdad único, para llegar al cual hay que realizar un diagnóstico previo de su situación, y habrá veces que se adopten medidas que beneficien a las mujeres pero también puede ser al revés”, explicó Martín.

En su encuentro con los medios, previo a una concentración que tuvo lugar a las puertas de la sede, Martín explicó que las mujeres soportan “el mayor peso de las tareas domésticas y de cuidados”, además de ser las que más reducciones de jornada y excedencias solicitan. “En el 85 por ciento de los casos nos ofrecen trabajos a jornada parcial, porque se considera que el salario de las mujeres es complementario en los hogares. Esto implica que nuestro desarrollo profesional va contrarreloj y con más desventajas frente a los hombres. La maternidad nos penaliza muchísimo para acceder, ascender, formarnos en el mercado laboral. Hay que revertir la situación y la respuesta, el instrumento para intentar buscar ese equilibrio, son los planes de igualdad”, detalló.

Por su parte, Fernando Fraile hizo un llamamiento a la patronal para que recuerde a todas las empresas que el 9 de marzo, si tienen más de 150 trabajadores deben contar con su propio plan de igualdad. “Para la patronal los planes de igualdad son un elemento de competitividad, que permite retener el talento, pero en la práctica no hacen absolutamente nada para implantarlos. En la negociación colectiva hay que establecer medidas que combatan la desigualdad en el ámbito laboral, pero predican una cosa y lo que hacen en las mesas de negociación es un muro de hormigón en el que se niegan a corregir la desigualdad en el ámbito laboral”, resumió.