El Consejo de Cuentas de Castilla y León aprobó en pleno su proyecto de plan de fiscalizaciones para 2021 y lo remitió a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Este programa de trabajos, centrado en el impacto de la pandemia del COVID-19 en la Junta y las entidades locales, será presentado en próximas fechas ante los grupos parlamentarios por el presidente de la institución, Mario Amilivia.

El plan recoge 34 fiscalizaciones de carácter legal y especial, así como 17 más procedentes de planes anteriores que se pretende finalizar a lo largo del año. Además, en el contexto de colaboración y lealtad institucional, los compromisos con el Tribunal de Cuentas y con el resto de instituciones de control externo se ciñen al contenido de las fiscalizaciones legales, dejándose abiertas vías de colaboración que puedan dar lugar a distintas actuaciones, especialmente en cuanto al análisis de la situación creada por la pandemia.  

Gran parte de los trabajos previstos en 2021 derivan de la situación ocasionada por la pandemia, incluidas algunas de las transformaciones sociales generadas por la misma como el cumplimiento de la publicidad activa en materia de transparencia, la seguridad de los datos en el ámbito educativo en un curso marcado por la educación ‘on line’ o la seguridad informática de los ayuntamientos.

"Es un plan ambicioso en cuanto a su contenido ya que implica una importante carga de trabajo de los equipos del órgano de control con sede en Palencia. Su ejecución probablemente se alargue más allá del año natural", indicó el Consejo de Cuentas, que añadió que las fiscalizaciones legales permiten una visión "amplia y homogénea" de las grandes líneas de la gestión de las administraciones públicas en la Comunidad.

Dentro de las fiscalizaciones especiales, en la materia de la COVID-19 se contempla la fiscalización de los contratos originados por la pandemia, así como el análisis del diseño de ayudas y subvenciones vinculadas a dicha circunstancia. Sumándose el análisis, en las cuentas de la administración autonómica, de la situación económica creada, tanto en materia de gasto como de ingreso.

En el ámbito local se verificará cuál ha sido la respuesta en materia de tributos propios de las capitales de provincia, así como el destino dado por los ayuntamientos a los fondos recibidos específicamente para la COVID-19. También se realizará un análisis del impacto de la crisis sanitaria en las cuentas del Sector Público Local.

Los trabajos establecidos para los próximos meses incluyen también algunas de las transformaciones sociales surgidas en la pandemia. Así, en el ámbito se analizará la sistemática para el cumplimiento de la publicidad activa, planteándose además un trabajo sobre la seguridad de los datos en materia educativa en el curso en que la tele-formación y la tele-educación llegaron a muchos hogares.

En el ámbito local, se incidirá en la revisión de la seguridad informática, los datos de todos los ciudadanos, de los ayuntamientos de Palencia, Ávila, Burgos, Astorga, La Bañeza, Villaquilambre, Béjar, Ciudad Rodrigo, Santa Marta de Tormes y Benavente. Asimismo, se analizará la eficacia y eficiencia de la gestión recaudatoria de las nueve diputaciones, cuestión fundamental en estos tiempos de crisis, y especialmente por su implicación con los pequeños municipios.

Siguiendo la línea marcada por planes anteriores, el Consejo de Cuentas explicó que busca valorar la prestación de los servicios a los ciudadanos. Así, se incluye el análisis de la Ley de ordenación de servicios y gobierno del territorio de Castilla y León. Por último, se cierra una primera fase de fiscalizaciones de las capitales de provincia al incluirse  la correspondiente al Ayuntamiento de Segovia, ejercicio 2020, así como de las universidades públicas al recogerse la de Burgos.