Arturo Barral Santiago ya es el nuevo subdelegado del Gobierno en Ávila. Un puesto al que accede con los retos de que haya igualdad entre la zona urbana y rural, mantener relaciones de cooperación entre las instituciones, actuar en seguridad o fomentar la dinamización empresarial en la provincia. El nuevo representante institucional prometió su cargo ante la delegada del gobierno en Castilla y león, Virginia Barcones.

Sus primeras palabras fueron de gratitud por tener la confianza para «una labor tan importante como la de subdelegado», momento en el que recordó su trabajo como jefe provincial de Tráfico con hitos, recordó, como la administración electrónica, mejora del sistema de exámenes o la reducción de la siniestralidad lograda los dos últimos años.

Ahora, ya como subdelegado del Gobierno, quiso subrayar la necesidad de que haya igualdad entre la zona rural y urbana de Ávila, una obligación «para todas las administraciones territoriales que deben coordinarse entre sí», pero tampoco quiso destacar que la primera competencia de un subdelegado del Gobierno es mantener las «necesarias relaciones de cooperación» con la comunidad autónoma y las entidades locales, ayuntamientos y Diputación. «Esto no pueden ser palabras vacías», señaló, porque todos tienen que ofrecer lo mejor a los ciudadanos «con lealtad institucional».

También habló de la principal actividad de la Subdelegación, que es la seguridad, que se garantiza a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están «al servicio de la población» y que son «garantía de las libertades».

La despoblación centró gran parte del discurso de Virginia Barcones, delegada del Gobierno en Castilla y León, en la toma de posesión del nuevo subdelegado del Gobierno en Ávila. «No podemos permanecer impasibles ante esta lenta agonía ni un minuto más», aseguró y, sin ser «alarmista», sí que quiso señalar que el reto demográfico es una «cuestión de capital importancia, un desafío que debemos salvar para conseguir una ordenación del territorio razonable, para impedir que la mitad de España se convierta en un desierto demográfico». También se refirió la delegada del Gobierno a la necesidad de «intentar poner freno a los devastadores efectos que causan los accidentes de tráfico».