El primer Plan Estratégico del Consejo de Cuentas de Castilla y León, vigente hasta 2022, recoge medio centenar de medidas que buscan reforzar la independencia de la institución y garantizar su autonomía, además de promover la mejora de la gestión económico-financiera del sector público de la Comunidad mediante la aplicación de las recomendaciones contenidas en sus informes y avanzar en materia de transparencia como principio básico de la gestión de las administraciones públicas.
Este Plan Estratégico fue presentado hoy al presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, durante la reunión que mantuvo con el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, en el marco de los encuentros celebrados por el máximo responsable de la Cámara autonómica con los agentes políticos, económicos y sociales de la Comunidad,
Además, durante el encuentro, Amilivia trasladó a Luis Fuentes la plena disposición del órgano, dependiente de las Cortes de Castilla y León, para reforzar la colaboración entre ambas instituciones y en todos aquellos asuntos que contribuyan a la mejora de la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad y demás entes públicos.
Para reforzar la independencia del Consejo, el Plan Estratégico contempla elaborar propuestas encaminadas a la armonización normativa con los principios de independencia que defienden organismos internacionales de referencia como la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai). En esta línea, se realizarán propuestas para la equiparación con el marco de autonomía funcional del conjunto de los órganos de control externo autonómicos de España.
Con el objetivo de mejorar la gestión económico-financiera del sector público, el plan también recoge medidas como la de mejora de la presentación de los informes de fiscalización mediante una exposición, por parte del presidente, más ágil, gráfica y descriptiva en el Parlamento de Castilla y León; la celebración de reuniones periódicas con los grupos parlamentarios y procuradores para acercar el trabajo de la institución y la identificación de ámbitos de mutuo interés que pudieran ser incorporados a la programación de fiscalizaciones, y la formulación de recomendaciones, claras, concisas y útiles que coadyuven a la consecución política de un sector público más eficiente y transparente.
A su vez, y dentro del objetivo de acercar las fiscalizaciones a las inquietudes sociales y mejorar la eficacia de las recomendaciones, incorpora el Plan medidas como impulsar las fiscalizaciones operativas o de gestión para la mejora de las políticas públicas, en particular respecto a las grandes áreas del gasto social e infraestructuras. También se pone el foco en las fiscalizaciones medioambientales; la identificación de áreas de riesgo al objeto de emprender fiscalizaciones en ámbitos de gestión pública en los que pudieran apreciarse irregularidades; la introducción en los planes anuales del análisis de la sostenibilidad económico-financiera de las diferentes políticas públicas y de las diferentes administraciones, o la intensificación del seguimiento de las recomendaciones y de su grado de cumplimiento.