La segunda gran incógnita que queda por resolver en Ávila tras las elecciones del pasado domingo concierne a la Diputación Provincial de Ávila. Esta institución, una de las más antiguas de la provincia (nació en 1836) es, sin embargo, la gran desconocida, a pesar de que haya sido en su seno donde se hayan protagonizado algunos de los más apasionados episodios políticos de los últimos años, contrapunto al despacioso devenir de las instituciones abulenses.
La Diputación es el órgano de gobierno de la provincia. La de Ávila, por tener ésta menos de 500.000 habitantes, está compuesta por 25 representantes, cuya peculiaridad es que se eligen de manera indirecta, basándose en los partidos judiciales. La provincia abulense tiene cuatro: el mayor es el de Ávila y su comarca, al que corresponden 15 de los 25 escaños de la Diputación; el segundo es el de Arenas de San Pedro, con cinco plazas; el tercero, el de Arévalo, con tres escaños; y el cuarto el de Piedrahíta, con dos (ha perdido uno en beneficio de Ávila). Una vez celebradas las elecciones municipales, tomándose en cuenta el número de votos en cada partido judicial, la Ley D’hondt asigna a cada formación política sus correspondientes escaños, como si el partido judicial funcionara como una auténtica circunscripción.
¿Pero quiénes ocuparán nominalmente esos puestos? Aquí se abre una batalla que convierte a los aspirantes a diputados en verdaderos corredores de fondo, puesto que a la lucha por el acta de concejal en un municipio del correspondiente partido (es necesaria para ser diputado) tienen que afrontar, una vez elegidos, la que les expone como postulantes a la elección del partido, en este caso un ‘colegio electoral’ conformado por sus propios compañeros, el resto de concejales de la demarcacación judicial.
En el caso de Ávila, según las estimaciones que barajan algunos de los partidos políticos que tendrán representación en la Diputación Provincial de Ávila en la próxima legislatura, Por Ávila, el partido de moda, la formación creada hace tres meses en torno al singular político Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ganadora en la municipales capitalinas y con representación en las Cortes regionales, obtendría 4 representantes en la Corporación provincial que podría constituirse a finales del próximo mes de junio.
Sánchez Cabrera (36 años), expresidente de la Diputación, a la que llegó aupado en 2015 por una díscola marea interna –desbancado de la misma a finales del pasado mes de marzo por una moción de censura del propio PP, en el que había militado 18 años– vuelve a erigirse como uno de los principales protagonistas en el gobierno de la provincia si se confirma un reparto de escaños con mayorías en el alambre. Según dichas fuentes, y a falta de confirmación oficial, el PP, vencedor en la provincia el pasado domingo, obtendría 12 diputados, ocho el PSOE, cuatro Por Ávila y uno Cs. El reparto sería así: en el partido judicial de Ávila 6 diputados para el PP; los 4 citados para Por Ávila; el mismo número para el PSOE; y uno para Cs; en el de Arenas, tres para el PP y dos para el PSOE; en el de Arévalo, dos para el PP; uno para el PSOE; y en Piedrahíta, uno para los populares; otro para los socialistas.
Con la mayoría absoluta en los 13 escaños, todo quedaría abierto y, en buena parte, en manos de Ciudadanos si este partido se aliara con una Por Ávila decidida a obstaculizar abiertamente las aspiraciones de poder del PP en la Diputación, incluyendo en esta dinámica la posibilidad de una Presidencia en manos socialistas o un gobierno de coalición de tres colores: del rojo al amarillo, pasando por el naranja.
Además del propio ‘juego’ político de prestigios, rivalidades y lealtades, hay mucho en liza. Lo principal, la gestión de un presupuesto de 66,8 millones de euros para asesorar, coordinar y financiar servicios y prestaciones públicas de 247 municipios, uno de cada tres, con menos de 100 habitantes.