Ávila ha comenzado el 2021 como una de las ocho provincias en las que se ha suprimido la especialización de juzgados para hacer frente a los litigios vinculados a las estipulaciones abusivas en la contratación bancaria. Cláusulas suelo, vencimientos anticipados, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa, a los que se han sumado en fechas más recientes los relativos al IRPH, el índice de referencia de préstamos hipotecarios,  un ramillete  de asuntos contenciosos relativos a ‘acuerdos’ entre partes que no se negocian individualmente, vulneran el principio de buena fe y causan un importante desequilibrio entre los derechos y obligaciones de los contratantes. La declaración de ‘abusividad’ de una cláusula contenida en un contrato implica su nulidad. Su consiguiente ‘no aplicación’ ha dado derecho a la devolución de las cantidades que se hubieran cobrado indebidamente. Desde mediados de la pasada década se produjo en toda España una avalancha de este tipo de litigios, y en junio de 2017 se especializaron juzgados para hacerla frente. En Ávila, la responsabilidad le correspondió al de Primera Instancia e Instrucción número 2, que desde entonces, y hasta hoy, ha abordado unos 1.800 asuntos. Las sentencias estimatorias han sido abrumadoras, las demandas han caído en los últimos meses y ahora las que se presenten se repartirán con criterios normalizados entre la decena de juzgados de primera instancia de la provincia. Este deslastre de uno de los juzgados del partido judicial abulense debería contribuir a una mejora de la sobrecarga de asuntos y de tareas de los mismos. Sin embargo, los déficits dotacionales y la renuencia de las autoridades judiciales, especialmente del Ministerio, a la hora de satisfacer las necesidades de la planta abulense desde hace años, unido a los efectos de parálisis de la pandemia, hacen pensar que la nueva coyuntura no mejorará sustancialmente los índices de sobrecarga de la justicia abulense.

   Como hoy publica Diario de Ávila, los juzgados y tribunales de la provincia afrontaron el inicio de la crisis sanitaria con varios pilotos rojos encendidos, entre ellos las tasas de congestión, de resolución y de pendencia, todas ellas relegando a Ávila en la zona de cola de la justicia en el ámbito autonómico. Y ello, a pesar del esfuerzo realizado por jueces, magistrados, letrados y funcionarios de la Administración de Justicia, que en ocasiones han tenido que dedicarse a tareas impropias para mitigar el riesgo de atasco en los procedimientos. 

Aunque suene a tópico, una Justicia lenta no es una Justicia verdadera, por ello debe dotarse a la de Ávila de lo más perentorio en estos momentos, que es el cuarto magistrado en la Audiencia, un segundo juzgado de lo Penal, refuerzos en los de primera instancia –cuando no un sexto juzgado en el partido de la capital– , la provisión de una veintena de funcionarios entre gestores, tramitadores y cuerpo de auxilio judicial y mejoras en la implementación de las nuevas tecnologías.