Veinticuatro horas después de la primera huelga general de funcionarios contra la Junta, la relación entre los representantes de los trabajadores y el Ejecutivo regional sigue tensándose con un cruce continuo de acusaciones entre ambos lados, que ayer alcanzó su punto álgido con la intervención del vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde aseguró que la huelga general fue un «absoluto fracaso». «Con los números no se discute», apunto Igea, que cifró en 2.916 –de los que sostuvo que 600 eran liberados sindicales– de los 64.680 efectivos el número de empleados públicos que secundaron la huelga, y consideró que «se han dado de bruces con la realidad». «Tendrán que explicar a los trabajadores si por tres meses se convoca una huelga general a cuatro días de unas elecciones, o se hace alentado desde atrás», apuntó Igea, que sostuvo que, durante las últimas semanas, «ha sido difícil distinguir los mensajes sindicales de los de algunos partidos», en referencia a PSOE y Podemos. Además, se preguntó si ese es el motivo o es «electoral».
En su intervención, el vicepresidente aclaró que «nada va a torcer nuestro compromiso con los trabajadores públicos», y sostuvo que siguen «abiertos a considerar las reivindicaciones de los funcionarios». Al mismo tiempo, reconoció que «no somos tontos, que no hayan ido a la huelga no significa que estén de acuerdo con la Junta», momento que aprovechó para elogiar la «responsabilidad» de los trabajadores que no secundaron el paro general.
«Yo no estaría orgulloso de haber parado o cerrado quirófanos en los hospitales», expuso en referencia a declaraciones sindicales, y cifró en 19.800 los funcionarios que estuvieron durante el miércoles en servicios mínimos. Por último, cuestionado sobre la posible repercusión en las elecciones del domingo de esta huelga general, Igea apuntó que «estamos menos preocupados que hace una semana».
Enfrentamiento sindical.
Unas declaraciones que encendieron los ánimos de los convocantes de la huelga, que respondieron en tromba a las palabras del vicepresidente del Gobierno regional. El secretario regional de CCOO, Vicente Andrés, Andrés, advirtió al Ejecutivo autonómico que ahora cuenta «con 85.000 trabajadores cabreados y enfadados con su jefe» y eso «puede deteriorar la calidad de los servicios públicos». «Que se siente a negociar para no cronificar este malestar durante mucho tiempo», dijo, según informa Ical.
En un tono mucho más duro se expresó Tomás Pérez, de UGT, que cargó en un comunicado contra Francisco Igea y la Junta por «mentir e incumplir», al tiempo que respondió a las declaraciones del vicepresidente asegurando que «el menosprecio que muestra roza comportamientos de otras épocas en las que los sindicatos eran encarcelados». «Lamentamos que sea incapaz de pedir perdón a los familiares de los pacientes que no pudieron ser operados por sus malas artes en la negociación», dijo.
Por último, CSIF advirtió al propio Igea que los empleados públicos de Castilla y León le recordarán por su «prepotencia, desprecio, irresponsabilidad y su poca altura política, como cabría esperar de un vicepresidente de la Junta, al negar el acuerdo que se firmó en mayo con el Gobierno regional -y presumir además de ello-, desprestigiando la institución y lo que representa».