El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha dado luz verde a las directrices técnicas para el inicio de la fiscalización de los Servicios de Asistencia Técnica (SAT) de las diputaciones provinciales de Castilla y León, con especial incidencia para evitar la falta de rendición de las entidades locales, y también para la fiscalización de la implantación y gestión de la administración electrónica en las entidades locales de la Comunidad, en colaboración con el Tribunal de Cuentas.
Así lo aprobó el Pleno del Consejo de Cuentas, quien explicó a través de un comunicado recogido por Ical que con estas dos fiscalizaciones son nueve los informes puestos en marcha desde marzo por parte de este órgano de control externo, que a su vez se suman a las 13 fiscalizaciones en fase de elaboración, algunas de ellas “muy avanzadas”.
El presidente del Consejo, Mario Amilivia, volverá a comparecer en dos fechas ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León a lo largo del mes de julio para la presentación de distintos informes ya aprobados por el órgano de control y pendientes de este trámite.
En cuanto a la fiscalización de los SAT de las diputaciones provinciales de la Comunidad, los objetivos pasan por definir y analizar las actuaciones llevadas a cabo por las diputaciones en relación con los ayuntamientos que no rinden la cuenta, la situación de los puestos reservados a los funcionarios de habilitación nacional existentes en la Comunidad con funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera, y de contabilidad y analizar las dotaciones de personal y estructura de los puestos de trabajo existentes en los SAT de las nueve diputaciones y del Consejo Comarcal de El Bierzo.
Se pretende dar una imagen “clara” de la situación de uno de los elementos “clave” en el impulso de la rendición, como son los Servicios de Asistencia Técnica de las instituciones provinciales, al tiempo que supondrá poner al día el último de los informes que profundizó e la estructura, organización y funcionamiento de estos servicios técnicos, cuyo referente fue el ejercicio 2011.
A 31 de diciembre de 2019 habían remitido la Cuenta General del 2018 un total de 3.343 entidades locales, el 70,4 por ciento de las integrantes del sector público local de la Comunidad. En consecuencia, 1.407 entidades locales no habían rendido las cuentas de dicho ejercicio, es decir, el 29,6 por ciento incumplían dicha obligación, informó el Consejo de Cuentas.
En la etapa 2009-2018, diputaciones y ayuntamientos arrojaron los mejores niveles de rendición de cuentas en Castilla y León, frente al comportamiento de las mancomunidades -con niveles que oscilan entre el 57,5 y el 62 por ciento- y las entidades locales menores, que después de alcanzar el 94,4 por ciento en el año 2013, retrocedieron hasta el 65,1 por ciento en 2018. A todo ello se añade el hecho de que el número de entidades con incumplimientos reiterados de rendición cobra especial importancia, afectando de forma muy especial a las de menor tamaño poblacional.
A 31 de diciembre, tomando como referencia la etapa 2013-2018, un 15 por ciento de las entidades existentes en 2018 (713 de un total de 4.750) no habían rendido las cuentas de dos o más ejercicios. El índice de incumplimiento en esos seis años se sitúa en el 11,9 por ciento para los ayuntamientos (267 de 2.248), subió al 15,6 por ciento en el caso de las entidades locales menores (347 de 2.219) y al 35,9 por ciento en el caso de las mancomunidades (98 de 273). Por el contrario, las diputaciones no incurren en esta situación.
Administración electrónica
En cuanto a la fiscalización de la implantación y gestión de la administración electrónica en las entidades locales, en coordinación con el Tribunal de Cuentas, se tratará de verificar el ejercicio, por parte de las diputaciones, de sus competencias en relación con la prestación de los servicios de administración electrónica a los ayuntamientos de municipios con población inferior a 20.000 habitantes, y la observancia y aplicación por los ayuntamientos de entre 10.000 y 20.000 habitantes de la normativa sobre administración electrónica. También es una fiscalización operativa, por lo que se analizará la ejecución de las medidas y actuaciones establecidas en los programas presupuestarios destinados a la e-Administración, evaluando la mejora en la facilidad de acceso a los procedimientos por parte de los ciudadanos.
De entre los ayuntamientos a los que las diputaciones deben prestar servicios de administración electrónica, se ha seleccionado como ámbito subjetivo de la fiscalización aquellos que cuentan con población entre 10.000 y 20.000 habitantes, al ser los de mayor entidad: Astorga, La Bañeza y Villaquilambre, en la provincia de León; Béjar, Ciudad Rodrigo y Santa Marta de Tormes, en Salamanca; y Benavente, en Zamora.
En cuanto a la implantación de la administración electrónica en los ayuntamientos, se analizará en la muestra seleccionada el cumplimiento normativo de los asuntos claves para la transformación digital, como son la sede electrónica, los sistemas de notificación electrónica, la identificación y firma, el registro electrónico o la carpeta ciudadana, ente otros. Tanto en el caso de las diputaciones como de los ayuntamientos, se analizará la incidencia que en estos servicios haya podido tener el COVID-19.