Algo más de 2.100 de los 15.187 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital en Castilla y León cobran menos que con la renta garantizada de ciudadanía, además de existir otras 4.096 familias a las que se le ha degenado o inadmitido la prestación estatal aunque, al ser perceptoras de la RGC, la Junta sigue manteniendo esa ayuda. Así al menos lo denunció ayer la consejera de Familia,Isabel Blanco que, en todo caso, dejó claro que esos más de 2.000 castellanos y leoneses reciben el mismo importante que antes de la entrada en vigor del IMV después de que la administración autonómica impulsara una modificación de la Ley de la Renta, que permitió hacer complementarias ambas prestaciones.
Con motivo de la inauguración del II Foro Social del Grupo de Enlace del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Blanco declaró que el Instituto Nacional de la Seguridad Social revisa las concesiones del ingreso mínimo con los datos de la Agencia Tributaria del año 2020, lo que supone modificaciones de las cuantías con efectos retroactivos. «Esto obliga a la Junta a revisar los expedientes de renta garantizada y, en algunos casos, pedir la devolución de las cantidades que se aportaron como complemento, lo cual no es entendido por los ciudadanos ni por nuestra administración, por que es una dificultad añadida», subrayó.
La consejera recordó, según recogió la Agencia Ical, que en Castilla y León coexisten las dos prestaciones desde que en junio de 2020 el Gobierno central pusiera en marcha el Ingreso Mínimo Vital como una prestación económica, gestionada por la Seguridad Social. «En aquel momento, las expectativas que se generaron fueron positivas y vistas con muy buenos ojos por parte de la Junta, al tratarse de una prestación homogénea en toda España y muy semejante a la renta garantizada de ciudadanía que llevaba implantada más de diez años en la Comunidad», expuso.
Y es que lamentó que los perceptores del IMV no estén vinculados a un proyecto de vida o a un programa individualizado para su inserción socio-laboral, como sí está previsto para los beneficiarios de la renta. Algo que, a su juicio, dificulta la aplicación de algunos programas de la Junta como los orientados a fomentar la escolarización, reducir el fracaso escolar o promover la búsqueda de empleo. «Esto hace necesario replantear la naturaleza de laRGC para garantizar a los perceptores del IMV en Castilla y León el derecho a la integración social y laboral», sentenció.