Gonzalo M. González de Vega y Pomar

En mi azotea

Gonzalo M. González de Vega y Pomar


¿Hasta cuando?

09/10/2021

Hace unos días quedé completamente conmovido y muy fastidiado al contemplar en un reportaje en televisión a una señora de 82 años del madrileño barrio de Leganés, que, por culpa de unos okupas, se encuentra en la calle. Ana, así se llama la octogenaria, regresó como cualquiera otra vez a su casa e intentó abrir la puerta del domicilio, pero con la llave no lo consiguió. Llamó a un cerrajero y este no pudo hacer algo pues habían cambiado el bombín y desde su interior, en el que estaban dos jóvenes con un bebé de cinco meses, el hombre gritaba que "el piso era suyo y que no estropearan la casa porque era de su propiedad y les había costado mucho dinero".  Llamó a la policía, que le dijo no podían intervenir hasta que no se pronunciara un juez aconsejándola pusiera denuncia en Comisaria y esperase decidieran los tribunales. El juicio se celebrará el próximo día 20 de este mes. ¡Muy rápido!
Ana, además de sentirse impotente al no poder entrar en su casa de toda la vida está desesperada porque, según ha denunciado también, esos okupas "se están llevando los muebles de la cocina nuevos, todo lo están sacando con una furgoneta de mudanzas" y han enganchado los contadores del agua y luz a los de la comunidad. Los vecinos ayudan de momento a Ana, quien, con una pensión mínima, ha de seguir comiendo y haciendo frente a lo gastos de su vivienda okupada. Esta triste historia de la octogenaria madrileña junto a otros cientos más habidas en lo que va de 2021, se une a las casi quince mil denuncias por ocupación ilegal que se presentaron el año pasado y que, en muchos casos, aún no han sido resueltas, además de por el atasco judicial existente, porque aún no es "una de las prioridades de la Fiscalía General de Estado". Parece lo será próximamente como afirmó, durante la apertura del Año Judicial, su titular Dolores Delgado. Mientras tanto los miles de afectados por estos delincuentes continuarán morando fuera de su vivienda, cargando con los gastos que se produzcan pero esperanzados en regresar a ella, tras largos sufrimientos, y encontrarla en el mismo estado que estaba antes que entraran los okupas. Habitualmente no es así y han de realizar importantes obras de adecentamiento, que, además, pagarán de sus bolsillos pues esos individuos se declararán o les declararán insolventes. Okupas que se encuentran más protegidos aún tras el Real Decreto Ley antidesahucios del pasado mes de enero por el que, durante el estado de alarma, se implantó la figura del "consumidor vulnerable" y se exigía violencia e intimidación para poder desalojarles. La situación de alarma ha concluido, pero, que sepa, no han cambiado el decreto y los okupas continúan protegidos. 
Mientras no se unifiquen criterios de actuación que ayuden a combatir mejor este fenómeno las diferencias de interpretación seguirán siendo unas de las armas que los okupas usan para alargar su estancia en la vivienda que han entrado ilegalmente.
Tiempo en el que continuará el sufrimiento de las personas afectadas – en su mayoría encima vulnerables- que no están algo protegidas y además poco pueden hacer por su cuenta para entrar nuevamente a su casa. Si lo llevan a cabo están expuestos a infringir la Ley pues en el momento que otra persona toma posesión y justifica que esa vivienda okupada es su morada -puede hacerlo sencillamente encargando le lleven comida- entra en juego el artículo 18,2 de la Constitución según el cual "el domicilio es inviolable y no se podrá entrar en él salvo por orden del juez o en caso de flagrante delito". Acceder al piso propio okupado sería considerado allanamiento de morada.
Si corta, por ejemplo, los suministros o cambia el bombín de la cerradura se le acusaría por un delito de coacciones. Y si amenaza a los que en ella están ilegalmente puede terminar detenido pagando una multa e incluso acabar en prisión si la amenaza es de muerte. Un problema que lleva años en España y ninguno de los últimos gobiernos ha hecho algo por solucionarlo – sí ir en favor de esos okupas- endureciendo estos delitos  al igual que ocurre en otros países de la Unión Europea. ¿Hasta cuando?