Podían haber reunido a unas 4.000 personas para clamar contra la reforma educativa de la LOMLOE, la conocida como Ley Celaá. Pero los representantes de los diez colegios concertados de la provincia de Ávila se vieron obligados a suspender esta semana por precaución la concentración con la que querían gritar su protesta. 

En cambio, lo que este domingo se escuchó en el Lienzo Norte de la Muralla fue el «silencio ensordecedor» de la comunidad educativa de los centros concertados de Ávila, representada por unas 40 personas entre los representantes de las entidades titulares, de las Ampas y de las propias familias.

«Quizá los responsables de que el pasado 19 de noviembre se aprobara en el Congreso el Proyecto de Ley de Educación en medio de una pandemia que nos tiene a todos preocupados en buscar soluciones para salir adelante», dijo Alberto Mellado, uno de los profesores presentes en la cita, «piensen que esta mañana aquí no hay nadie y que la sociedad acepta con normalidad esta nueva ley de educación. Pero este silencio se escucha con fuerza». Era, aseguró, «un tsunami naranja» que debería convertirse en «un grito de protesta de todas las familias que claman por su libertad a la hora de elegir el centro educativo con el que desean compartir la formación y educación de sus hijos».

Para dar voz a todas esas familias, este domingo junto a la Muralla se leía un manifiesto con el que la gran familia de la educación concertada de Ávila (que reúne, destacaron los organizadores, al 30 por ciento de todos los alumnos de la provincia abulense) se hizo oir.

«Si los hijos no son de los padres y estos no pueden elegir el centro educativo, ¿quién elige la educación para nuestros hijos?», comenzaba preguntándose el manifiesto leído por Cristina Delgado y Gustavo Rodríguez Obregón, en representación de las Ampas y de Escuelas Católicas de Ávila, respectivamente. 

Se referían con ello a las declaraciones de la ministra Celaá en las que aseguraba que el derecho a elegir centro educativo por parte de los padres no emanaba del artículo 27 de la Constitución, así como que los hijos no pertenecen a los padres. Y la respuesta la encuentran los centros concertados en la Ley Celaá. «Por primera vez en la historia de la democracia, Celaá ha excluido a la comunidad educativa de la tramitación de la nueva ley educativa. Y tiene sentido, porque en ella no hay lugar para las familias», denunciaba el manifiesto leído delante de un gran lazo naranja extendido sobre el césped del lienzo norte. «Será el Estado, y no vosotros, quien decida la educación que han recibir vuestros hijos», proseguía el texto.

Un texto que hacía referencia, además del ataque que la ley supone a la educación concertada y que supondrá, avisaba el texto, el cierre de miles de colegios en los próximos años, a la falta de espacio en la misma para la asignatura de Religión, «que vuelve a ser despreciada» y que «es una opción mayoritaria de las familias abulenses, que la eligen libre y volintariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada», así como para los colegios de educación especial.

«La Ley Celaá supone, en definitiva, la imposición de un modelo de educación único, estatal y laicista que pondrá fin a la pluralidad educativa actual. Los centros concertados de Ávila somos prueba y garantía de esa pluralidad, que ahora está en peligro», argumentaban los colegios concertados a travésdel manifiesto.

En ese texto, los representantes de la educación concertada de Ávila también quisieron dejar claro que su ideario no busca una confrontación entre la escuela pública y la concertada. «No existe tal confrontación porque el problema de los colegios públicos de Ávila no es la existencia de la concertada», defendían así su posición. «Cuanto mejor sea la escuela pública, mejor para todos. Deseamos una educación pública plural y de calidad, pero eso no se logra legislando contra la enseñanza concertada y su diversidad de proyectos», decían.

«Deseamos igualdad de oportunidades para todas las familias que desean una enseñanza plural y asequible a todos. Y por eso no aceptamos que la LOMLOE permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado», leyeron y avisaron: «Estamos asistiendo a una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional».