Castilla y León presentó la séptima tasa de litigiosidad más baja del país en el tercer trimestre del año, con 26,6 asuntos por 1.000 habitantes, por debajo de la media estatal de 30,4, según el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales en el el periodo de estudio, difundido hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y recogido por Ical.

Las comunidades que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la nacional fueron Canarias (40,5), Andalucía (33,9), Baleares (31,7) y Comunidad Valenciana y Madrid (31,2). Los territorios con menor tasa de litigiosidad fueron La Rioja (19,9), País Vasco (22,2) y Navarra (22,5).

En los órganos jurisdiccionales de Castilla y León entraron 63.671 asuntos, un 0,4 por ciento menos que en el mismo periodo de 2019, y se resolvieron 60.851, un seis por ciento más, quedando en trámite al final del trimestre un total de 118.554 asuntos, lo que supone un incremento interanual del 10,5 por ciento.

Los órganos judiciales de toda España registraron durante los meses de julio, agosto y septiembre de este año un total de 1.440.753 nuevos asuntos, cifra que supone un incremento del 1,7 por ciento respecto al tercer trimestre del año anterior. En el mismo periodo, resolvieron 1.337.634 asuntos, un 4,8 por ciento más, y dejaron en trámite 3.167.116.

En la jurisdicción Civil el número de asuntos ingresados en Castilla y León en el tercer trimestre alcanzó los 23.834 y se resolvieron 26.747 asuntos, quedaron en trámite 60.907. Mientras, en la Penal entraron 32.098 asuntos y se resolvieron 29.472. Al final del trimestre los asuntos pendientes alcanzaban los 36.390. En cuanto a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, llegaron 2.018 nuevos asuntos, se resolvieron 3.220 y quedaron en trámite 5.723 asuntos. Finalmente, la Social registró 5.721, resolvió 3.220 asuntos y dejó en trámite 15.534.