Las «desavenencias» entre la empresa responsable de las obras de construcción de la nueva piscina municipal (Castellano Leonesa de Medio Ambiente S.L. (Calme) y la dirección facultativa (UTE Jorge Barata Martínez-Iglesias y Veiga Arquitectos S.L.P.) están ralentizando los trabajos. Ante esa situación, desde el Ayuntamiento de Ávila, la supervisión técnica del proyecto se ha reforzado con la presencia de una arquitecta municipal «al objeto de estudiar y analizar la situación en aras a encontrar, si es factible, una propuesta de consenso» que permita que las obras retomen la normalidad y se puedan cumplir los plazos previstos, ya que debería estar concluida para el mes de febrero de 2020, toda vez que comenzaron en noviembre de 2018 y el plazo de ejecución era de 15 meses.

Según se ha puesto de manifiesto en las reuniones de la Junta de Gobierno Local de los días 26 de septiembre y 3 de octubre, ante preguntas formuladas por la portavoz del grupo municipal del PSOE, Yolanda Vázquez, y el portavoz del grupo de Ciudadanos, Carlos López, desde el equipo de gobierno se ha reconocido que «las obras van despacio aunque se están llevando a cabo».

En los debates planteados en el seno de la Junta de Gobierno Local, el pasado 26 de septiembre Yolanda Vázquez se refirió a la presentación de un escrito de queja por parte de la constructora e la nueva piscina municipal «donde denuncia el incumplimiento por parte de la dirección facultativa de sus obligaciones lo que denota que los problemas de los que se ha venido hablando en torno a esta obra continúa», por lo que solicitaba al alcalde que se informase sobre el estado de esta cuestión.

Sánchez Cabrera aseguró, según se recoge en el acta de la sesión, que «se han adoptado algunas medidas como es el refuerzo técnico en la supervisión del contrato con el fin de facilitar un punto de encuentro entre las diferencias que existen entre la dirección facultativa y la empresa adjudicataria». A su vez, el teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Juan Carlos Corbacho, apostilló que ese mismo día estaba prevista una reunión con la dirección facultativa, de la que Yolanda Vázquez pidió que se informe sobre la situación de la obra «y sobre todo lo que concierne al cumplimiento de los plazos».

En la reunión de la Junta de Gobierno Local del pasado 3 de octubre de nuevo el tema se abordó. En primer lugar se interesó por el mismo el portavoz de Ciudadanos, Carlos López, y en su respuesta el alcalde recordó las desavenencias existentes y el refuerzo de la supervisión técnica municipal.

Posteriormente, Yolanda Vázquez solicitó al teniente de alcalde delegado de Urbanismo que informase sobre la reunión de la semana anterior. En su respuesta, Corbacho explicó que «en dicha reunión se pusieron de manifiesto las desavenencias comentadas por el alcalde y que es cierto que las obras van despacio aunque se están llevando a cabo». En su réplica, Yolanda Vázquez dio a entender que ante esa situación «los plazos no se cumplirán», si bien Sánchez Cabrera matizó que «esa afirmación no puede ser realizada en términos contundentes hasta que los servicios técnicos municipales informen al respecto». 

A continuación, Corbacho comentó que a la vista de los «reiterados escritos» enviados por la empresa constructora y el informe evacuado por la responsable del contrato «es público y conocido las discrepancias en interpretación del proyecto, razón por la cual se ha instado esa mediación entre la dirección facultativa de la empresa a través de otra arquitecta municipal que está estudiando escrupulosamente el proyecto tratando de encontrar un punto de consenso entre ambas partes».

Ante esa respuesta, Vázquez dijo no entender muy bien «la figura de la mediación cuando se trata de un contrato público» porque lo que se trata de acreditar es «si se está cumpliendo los términos de lo pactado o no». 

Después tomó de nuevo la palabra Sánchez Cabrera para explicar que lo que se trata de dilucidar es «si el proyecto está bien como ocurre en muchas obras donde se detectan algunas deficiencias provocando discrepancias entre dirección facultativa y empresa constructora y que hay que dirimir y que ese trabajo es el que actualmente se está haciendo». De igual modo, apeló a la «normalidad» de estas situaciones cuando se ejecutan obras de estas características, y que esas desavenencias pueden existir «sin perjuicio de que la obra se está desarrollando en la medida de lo posible hasta que esas discrepancias se resuelvan».

El debate concluyó con el ruego de Yolanda Vázquez de que se «agilicen los trámites de mediación y de la formulación de una propuesta con el fin de evitar que el incumplimiento de los plazos sea imputable a la administración» y el apunte de Juan Carlos Corbacho de que «la carga de trabajo de los técnicos municipales es inmensa y que se hace lo que verdaderamente se puede».