Los exconsejeros catalanes Lluís Puig y Toni Comín, declarados formalmente en rebeldía desde julio de 2018 tras huir a Bélgica, han quedado este jueves en libertad sin fianza tras declarar ante el juez de instrucción en la Fiscalía de Bruselas por las órdenes europeas de detención y entrega reactivadas por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. 

A su salida de los juzgados, tras varias horas declarando ante el juez de instrucción, Puig y Comín han informado de que quedan en libertad sin fianza y con las mismas medidas cautelares que se fijaron en el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont, por lo que no podrán salir del país sin permiso del juez y deberán comparecer ante la Justicia cada vez que sean requeridos. 

Comín ha alegado que goza de inmunidad como eurodiputado para evitar que continúe el proceso, pero tras consultar con el Parlamento europeo el juez de instrucción ha concluido que no le asiste este privilegio y sigue adelante con el expediente de la euroórden. 

Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurrió con Puigdemont, el magistrado no ha fijado automáticamente una fecha para la celebración de la vista de Puig y Comín ante la Cámara del Consejo (Tribunal de primera instancia de Bruselas), aunque esperan que la audiencia tenga lugar "en los próximos días". 

Sus abogados, Paul y Simon Bekaert, han matizado que el calendario "está por fijar" y que no está claro si el juez considerará necesario que comparezcan en una primera vista antes de decidir si reagrupan la causa con la de Puigdemont. 

"El caso de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig tratado al mismo tiempo y por el mismo juez puede ser lógico", ha expresado Simon Bekaert, quien se ha quejado del "lío" provocado por las autoridades españolas por mandar por separado las distintas euroórdenes. 

La defensa de los políticos independentistas ha solicitado que se unifiquen los expedientes de los dos exconsellers con el de Puigdemont, que ya ha comparecido una vez ante el Tribunal y cuya vista fue aplazada hasta el próximo 16 de diciembre. 

También han avanzado que "aprovecharán" las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros del Ejecutivo sobre el proceso de extradición de Puigdemont para reforzar su estrategia de defesa que sostiene que "faltan garantías de que en España pueda haber un juicio justo". 

A juicio de Comín, las palabras de Sánchez "confirman de manera contundente que en España no hay garantías de juicio justo porque no hay garantías de separación de poderes". Con todo, este asunto no ha sido abordado con el juez de instrucción, que solo debe comprobar que la euroorden se ajusta a derecho y no analiza el fondo del asunto.

Desmarque de los CDR

Los exconsejeros catalanes se han desmarcado este jueves de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional, y pondrían también "la mano en el fuego" por el presidente de Cataluña, Quim Torra, y su predecesor, Carles Puigdemont. 

"Nos parece igual de inverosímil que muchas de las otras cosas que se han estado diciendo en muchos atestados, sumarios, durante estos años de instrucción en donde hemos visto auténticas falsedades", ha declarado Comín a la prensa en Bruselas, tras declarar ante el juez de instrucción por la euroorden dictada contra él por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. 

Comín y Puig han defendido que no han tenido "ninguna relación" con los CDR que investigados, pero han rechazado hasta en dos ocasiones responder a la pregunta de si les hubiera parecido legítimo que, como sostiene el sumario de la causa, los CDR hubiesen asaltado el Parlament catalán con ayuda desde el interior. 

Tanto Puig como Comín han argumentado que no saben el contenido del sumario, por lo que no pueden hacer comentarios sobre lo que se recoge en él y han apuntado que cuando lo conozcan con un "mínimo detalle" lo valorarán. 

En cualquier caso, Comín también ha dicho poner "la mano en el fuego" por Torra y Puigdemont, para descartar que estuvieran al tanto de las acciones en las que presuntamente trabajaban los CDR detenidos, al tiempo que ha calificado de "muy dudosa" la veracidad de los atestados policiales.