Una ley «diseñada para agravar la confrontación y dividir a la sociedad, que no ha sido dialogada con la comunidad educativa, sino impuesta; que defiende un pensamiento único y que es sectaria y discriminatoria». Así calificó este jueves el senador del Partido Popular por esta provincia, Juan Pablo Martín, la LOMLOE o ‘Ley Celaá’ que, a su juicio, «debilitará aún más la educación pública y fomentará la desigualdad social».
Para Martín, esta ley educativa «representa un fracaso como país y como sociedad, en el que nos obliga a tomar parte un Gobierno que ha hecho de la imposición su bandera, en este caso en un ámbito tan sensible como el educativo». «Es una ley que va más allá del ámbito educativo, pues está diseñada con el único fin de agravar la confrontación, dividir aún más a la sociedad española y desvertebrar España, haciendo de los centros educativos, no centros de enseñanza sino centros de adoctrinamiento», subrayó el senador del PP, para quien es «una de las monedas de cambio que entrega Pedro Sánchez a sus socios de Podemos e independentistas a cambió del sí a unos presupuestos que esconden el deseo de permanecer a cualquier precio en la Moncloa».
Criticó Juan Pablo Martín que esta ley educativa «no sea dialogada con la comunidad educativa, sino impuesta, que surge de arriba a abajo y no al revés, y que se ha redactado de espaldas a las comunidades autónomas, que son las que luego la tendrán que aplicar, y tramitado con oscurantismo y con unas prisas que la delatan», pues «carece del dictamen del Consejo de Estado y de una memoria económica».
Es para los populares «una ley sectaria, que no acepta el principio constitucional de dualidad del sistema educativo español, que ataca ideológica y conceptualmente a la educación concertada y que va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional», afirmó el senador, quien criticó al PSOE por seguir «el dictado de Podemos, un partido radical que busca trasladar esa radicalidad a la sociedad y asocia la educación concertada con un concepto irreal de segregación».
«Es una ley profundamente ideologizada, que busca un concepto de educación estatalizada en la que no haya cabida para la libertad de elección ni del ideario educativo, que defiende un pensamiento único, el suyo, y que no vertebra el país porque niega la condición del castellano como lengua vehicular, cierra la puerta a una prueba de evaluación de acceso a la universidad única, debilita la inspección educativa del Estado y amplía la capacidad de elegir contenidos exclusivos a las comunidades autónomas». También criticó la «discriminación» que supone «poner fecha de caducidad a la educación especial, perjudicando a miles de españoles con algún grado de discapacidad intelectual al incorporarles a centros ordinarios», al igual que el hecho de ser una ley que «ataca la libertad religiosa, los principios de igualdad, de mérito y de capacidad, condenando a nuestros jóvenes a competir en desigualdad de oportunidades con los de otros países».
A todo ello, el secretario ejecutivo de Educación del PP de Ávila, Óscar Arroyo, sumó el hecho de que la ‘Ley Celaá’ «huye del Pacto Nacional por la Educación y establece un derecho a la educación pública que no recoge la Constitución».
En esa línea, la también senadora popular Patricia Rodríguez quiso dejar claro que el PP «no está en contra de la educación pública», pues «defiende un modelo dual y la libertad educativa, y no está en contra de la educación inclusiva, pero defendemos la educación especial». Por todo ello expresó la «oposición» del PP a esta ley «en con Congreso, en el Senado y recurriendo ante el Tribunal Constitucional, así como apoyando movilizaciones y la recogida de firmas».