El sumario 31/69 no fue uno más en la dictadura franquista. Para los historiadores, aquella causa fue el principio del fin de un régimen al que ya se le comenzaban a ver las costuras, con el dictador rozando los 80 años y un estado de saludad cada vez más debilitada, y con las familias políticas en las que se había sostenido el poder -especialmente los tecnócratas y los falangistas- enfrentados en una batalla fratricida sin cuartel. En las calles, la situación no era mucho mejor para el poder. La mezcla de agitación laboral, universitaria y terrorista provocó una dura reacción de militares y políticos que convencieron a Franco para que respondiera con un juicio ejemplar, el sumario 31/69, el llamado Proceso de Burgos.
Dieciséis miembros de ETA (entre ellos dos sacerdotes que se negaron ser juzgados a puerta cerrada, a pesar de tener derecho a ello por el concordato entre el Gobierno y El Vaticano) en el banquillo para responder por «rebelión general continuada», una acusación genérica en la que se englobaban diversos actos delictivos sucedidos a finales de la década de los 60, entre ellos los asesinatos del mando policial Melitón Manzanas (el primer crimen planificado de la banda), el guardia civil de Tráfico José Pardines (la primera muerte atribuida oficialmente a la organización terrorista) y el taxista Fermín Monasterio. El Gobierno decidió dar una amplia publicidad a un juicio que preparaba un castigo ejemplar a los encausados, con una petición fiscal de seis penas de muerte y más de siete siglos de cárcel. No se trataba solo de castigar a los terrorista, sino de mandar un duro aviso a la oposición antifranquista. Pero el franquismo no contaba con varios giros de guion que acabaron convirtiendo la causa judicial en una pesadilla para el régimen.
Con la calle Vitoria, una de las más importantes de Burgos (sede de la región militar a la que pertenecía el País Vasco), cortada desde hora antes a la altura del Gobierno Militar y la zona tomada por los llamados Boines Verdes y la Policía Armada, el 3 de diciembre de 1970 arrancá el juicio en la ciudad castellano y leonesa. Unas 500 personas se concentraban a las puertas del edificio, pero apenas medio centenar (entre ellos muchos periodistas nacionales e internacionales) pudo entrar a la sala. Esta excepción fue creciendo día a día durante las jornadas que duró el proceso, que finalizó el 9 de diciembre, aunque aún tuvo que esperar 18 días para conocer la resolución, pues el tribunal militar (encargado de los juicios por terrorismo gracias a una ley aprobada a a finales de los año 60) tardó ese tiempo en deliberar.
Entre los abogados de los procesados se encontraban varios opositores al régimen como Gregorio Peces-Barba (que años después sería uno de los redactores de la Constitución Española), Juan María Bandrés o José Solé Barberá.
Paralelamente al inicio del juicio se produjeron movilizaciones de protesta contra el régimen del general Francisco Franco en distintas ciudades españolas (en Eibar falleció un joven tras ser herido por disparos de la Policía cuando participaba en una manifestación ) y europeas, así como ataques a delegaciones diplomáticas españolas. Un rechazo internacional que no se recordaba desde los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial.
El incidente más relevante de la vista fue protagonizado por Mario Onaindia, que terminó su declaración gritando Gora Euskadi Askatuta! (¡Viva Euskadi libre!», mientras que los demás acusados y parte del público entonaba el Eusko Gudariak, considerado el himno vasco por la izquierda abertzale. El presidente de la sala ordenó su desalojo, a la vez que los encausado renunciaban, a gritos, a su defensa. El juicio había terminado.
Peticiones de clemencia
La sentencia, integrada por 107 folios y publicada el día de los Inocentes del mismo año, condenó a más de 500 años de cárcel a 15 de los encausados y a la pena de muerte a seis de los mismos: Teo Uriarte, Xabier Izko, Mario Onaindía, Xavier Larena, José María (Unai) Dorronsoro y Jokin Gorostidi. Sin embargo, la condición militar del tribunal y la ausencia de garantías procesales motivaron la reacción diplomática internacional. Entre el aluvión de peticiones de clemencia se encontraban las de abogados y asociaciones de derechos humanos, la de gobiernos como el británico y el alemán, y de la Iglesia, incluido el Papa Pablo VI.
Apenas dos días después de conocerse el fallo, las penas de muerte dictadas por el tribunal militar fueron conmutadas por cadena perpetua dos días después de la sentencia
Con la llegada de la democracia y tras la ley de amnistía, todos los procesados fueron excarcelados en 1977. Cinco de los seis condenados a muerte en la sentencia fueron expulsados a Bruselas (Bélgica) en mayo de 1977 y el sexto, Xavier Izco de la Iglesia, fue expatriado a Oslo (Noruega) en junio del mismo año. Todos fueron amnistiados al año siguiente. Posteriormente, los activistas liberados abandonaron ETA e, incluso, en su mayoría se opusieron a la violencia.