Un varapalo, un jarro de agua fría, el colmo para la ganadería... todo eso y más ha supuesto la orden que publicaba este miércoles 5 de junio el Boletín Oficial del Estado y en la que se otorga la máxima protección al lobo al sur del Duero, al considerarlo «amenazado» y con la que se da cumplimiento a la Directiva de Hábitats de la UE (que establece como «estrictamente protegidas» las poblaciones del lobo en Extremadura, Andalucía, Madrid,Castilla yLeón y Castilla La Mancha).
Una «amenaza» que está lejos de la realidad que perciben las diferentes organizaciones agrarias con respecto al cánido. UPA-COAG, UCCL y Asaja lo tienen claro «el lobo no está amenazado», más bien todo lo contrario.
Desde UPA que ya salió a la palestra el mismo día que se publicó la orden, Pedro Martín asegura que no sólo no está amenazado sino que «está en expansión». Mucho han cambiado los tiempos desde 2008, «cuando los ataques eran esporádicos» hasta 2018 cuando estiman que la población de lobo rondará las 200 manadas, los 1.900 lobos y un año en el que al tercer trimestre ya se habían producido más de 1.900 ataques en Castilla y León de los que casi 1.000 ocurrieron en Ávila. «Soportamos más del 50% de los ataques de lobo». No quería entrar a valorar Martín cómo controlar el lobo por parte de la administración, pero tal y como están las cosas «la coexistencia no es posible», además estimaba que con esta orden lo que se hace es volver a la línea de salida, al punto de partida pues la orden lo que hace es refrendar la Directiva Hábitat de 2001 y la situación desde entonces ha cambiado.
En el mismo sentido se expresaban también desde UCCL Jesús Muñoz y desde Asaja, Joaquín Antonio Pino. Muñoz aseguraba que «cada vez entiendo menos; en Castilla y León pasan cosas muy raras y de seguir así esta actividad ganadera al final va a acabar desapareciendo porque es insostenible». Los ataques se suceden y no se tiene en cuenta que son muchas familias «las que viven de esto» y lo hacen en el medio rural «ahora que tanto se habla de despoblación o de la España vaciada», pero es que «no tienen otro medio de vida».
Además es un problema grave teniendo en cuenta que afecta especialmente a la ganadería en extensivo y «Ávila es la que más tiene después de Salamanca».
«Cada vez se pone más complicado», sintetizaba y «no sé que solución encontrarán pero, pagar, el dinero, no lo es todo» y es que lo que está en juego es «la desaparición de un medio de vida», decían desde UCCL. Un medio de vida que además se encarga de «la producción de alimentos para la sociedad», recalcaba el representante de UPAa Diario de Ávila.
Y no sólo eso, es que la ganadería de extensivo mucho tiene que ver con el cuidado del medio ambiente apuntaba Jesús Muñoz pues «la labor de ovejas, cabras o vacas en extensivo es fundamental a la hora por ejemplo de prevenir incendios».
Todos a una pedían soluciones políticas, teniendo en cuenta que ahora deben que constituirse el Gobierno Nacional, las Cortes de Castilla y León y diferentes ayuntamientos, en ese sentido habrá que esperar, pero hay que buscar puntos de acuerdo y soluciones entre administraciones. Y es que por ejemplo para Joaquín Antonio Pino de Asaja «lamentablemente en campaña se dice una cosa y luego se hace otra», «cada vez hay más lobos y más ataques» y aseguraba que «a diario están matando a 6 ó 7 animales».
Dolido y decepcionado por esta orden considera que así no se puede luchar contra la España vaciada, dejando «al medio rural y al medio ambiente abandonado».
Las pérdidas del año pasado sumaban decía Pino los cinco millones de euros si bien la Junta de Castilla y León «habrá pagado 600.000» y eso sin tener en cuenta los animales que desaparecen y que no se pagan, o el estrés que se produce en la cabaña ganadera cuando hay un ataque, los problemas de fertilidad y un largo etcétera de trastornos que aparecen con la aparición del lobo. También el representante de Asaja ponía el énfasis en el hecho de que Ávila soporta el 50% de los ataques y eso produce que haya «muchos ganaderos indignados que han recurrido a nuestros servicios jurídicos para reclamar ante la Justicia que, hasta ahora, siempre los está dando la razón».
Controlar y disminuir la población de lobo es lo que se necesita según Asaja y lo que ocurre «es una sinrazón» y se necesita «de voluntad política real de todas las administraciones». Mientras haya daños «y como administración tutelante que es, la Junta debe pagar por las pérdidas reales».
Hay grandes desequilibrios que se producen por el lobo pero no sólo eso está dañando a los agricultores y ganaderos, plagas de conejo, fauna silvestre, transmisión de enfermedades, así que lo entienden como un «suma y sigue». Para Pino la Administración General del Estado «se ha lavado las manos en este asunto», en el problema de los lobos, alegando que la competencia en la materia es de la Junta, una administración ésta que no aporta datos de los lobos que hay, del censo actual, y tampoco de los que se abaten «algo a lo que se comprometieron y están incumpliendo también».
Precisamente por el momento en el que estamos, con la constitución de ayuntamientos, Junta de Castilla y León y Gobierno delEstado, pedía «que los partidos políticos reflexionen» y es que el pago por los daños no es suficiente y otras opciones como los vallados tampoco serían las más adecuadas puesto que el terreno en el que están las ganaderías no suele ser del ganadero, sino que son pastos comunales o de terceros y vallar supondría poner fin también al extensivo. Los mastines tampoco serían la panacea porque «necesitamos uno por cada cinco reses», argumentaba Martín y «eso tampoco es viable».