El Consejo de Cuentas remitirá esta semana un escrito a todos los ayuntamientos de la Comunidad que no han rendido los informes económicos del ejercicio 2018 dentro del plazo legalmente establecido, que finalizó el pasado 31 de octubre, requiriendo el cumplimiento de dicha obligación. En el caso de Ávila, tres de cada diez ayuntamientos se encuentran en esta situación, o lo que es lo mismo, 76 en total de los 248 existentes en esta provincia.

Según la información facilitada por este órgano dependientes de las Cortes Regionales, los ayuntamientos incumplidores son ahora más que hace un año teniendo en cuenta que en 2018 el 77,8 por ciento de los municipios abulenses, 193 en total, rindieron cuentas en plazo con el organismo que preside Mario Amilivia y que los que lo han hecho hasta finales de octubre de este año son el 69,4 por ciento de los abulenses; 172 en total.   

En cualquier caso el porcentaje de los municipios que han informado sobre la cuenta general del 2018  al Consejo de Cuentas de Castilla y León está por encima del porcentaje regional, donde los ayuntamientos que han cumplido con este trámite son el 65,7 por ciento mientras que en el caso de Ávila este porcentaje se incrementa hasta el 69,4.

Atendiendo a la comparativa regional, Ávila es la quinta provincia con mayor grado de cumplimiento, siendo Salamanca la provincia donde mayor número de municipios han cumplido con esta obligación, 274 de los 362 existentes, lo que supone un grado de cumplimiento del 75,7 por ciento. Le siguen Soria, donde el 72,1 por ciento de los municipios ya han realizado este trámite; León, donde lo han hecho el 71,6 por ciento, y Palencia, donde el 70,7 por ciento de los municipios han rendido cuentas en plazo.

El cumplimiento de la rendición de cuentas, apuntan desde este órgano regional, «atiende al principio de transparencia que, como garantía de calidad democrática, debe presidir la gestión de las administraciones públicas». Por ello, el Consejo insta a las entidades que no han presentado sus cuentas en plazo a que las remitan a la mayor brevedad posible para poder realizar adecuadamente su función fiscalizadora en el ‘Informe anual sobre las cuentas del sector público local’.

Asimismo, el Consejo de Cuentas advierte de la posibilidad de plantear al Tribunal de Cuentas el inicio del procedimiento para la aplicación de multas coercitivas en los casos de incumplimientos reiterados de esta obligación legal.