La decisión de cesar al que era jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por negarse a informar sobre la investigación de la causa del 8-M sigue pesando sobre Fernando Grande-Marlaska. De hecho, la Sala Segunda del Supremo recibió ayer la primera querella contra el ministro del Interior, por destituir de manera fulminante a Diego Pérez de los Cobos . Una denuncia que insta al Alto Tribunal a investigar la conducta del exjuez y que fue interpuesta por el consultor Ramón Trillo que, asistido por el letrado Manuel Santaella, quiere ejercer la acción popular.

El denunciante atribuye al responsable del Interior en el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez un delito de encubrimiento, al haber mentido públicamente sobre el motivo de la destitución por afirmar que se trataba de una simple reestructuración de equipos en el seno de la Benemérita.

En este sentido, la querella sostiene que Grande-Marlaska encubrió con su explicación en sede parlamentaria al menos dos delitos cometidos por sus subordinados. El primero, el de conspiración para cometer revelación de secretos, al exigir a altos mandos de la Guardia Civil y la propia directora general del Cuerpo a De los Cobos que les facilitara un atestado que había presentado y en el que se advertían indicios de delito por parte de los responsables del Ministerio de Sanidad al permitir la multitudinaria manifestación del Día Internacional de la Mujer en la capital.

A su vez, arguye que el ministro del Interior encubrió otro delito consistente en la proposición para cometer infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Por ello, pide que se investigue a Grande-Marlaska por otro tipo penal: la omisión del deber de perseguir un delito contra la Constitución, concretamente el cometido por funcionarios públicos contra otros derechos individuales.

La querella repasa cronológicamente lo sucedido durante las últimas semanas, desde que el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid abrió diligencias para investigar si las autoridades cometieron algún tipo de irregularidad al autorizar las marchas del 8-M en pleno auge de la pandemia por coronavirus en España. 

El texto recuerda que la titular del juzgado designó tanto a Guardia Civil como a Policía Judicial, especificando a los agentes de la Comandancia de Madrid que debían «guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas».ç

«Cerca del banquillo»

Por su parte, el ministro del Interior defendió que es víctima de una «causa general» basada en «fabulaciones», mientras el PP le exigió que deje el cargo por llevar «la mentira como divisa». «Dimita del banco azul», mantuvo la diputada popular Ana Vázquez, recordándole que está «cada vez más cerca del banquillo» al aludir a la nueva querella presentada en su contra en el Supremo.

Hay que tener valor», le contestó Grande-Marlaska, afeándole su «intervención sectaria con hechos manipulados» y sin interesarse de medidas como la equiparación salarial, que era «humo» cuando llegó a Interior, o la tasa de reposición de policías y el plan de infraestructuras.. Para el ministro, la conocida como policía política es el «gran legado de la política de seguridad del Partido Popular».