La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, expresó hoy el compromiso de que la ley de Atención Residencial sea “una obligación cuanto antes” para dar respuesta a los retos y detalló que será “ambiciosa” y con un modelo que se pueda exportar a las comunidades, Gobierno e incluso más allá de Castilla y León.

Así lo manifestó en la clausura de las mesas de trabajo en Atención Residencial creadas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en un acto compartido con la consejera de Derechos Sociales y Bienestar de Asturias, Melania Álvarez, y el director general del IMSERSO, Luis Barriga, en el que coincidieron en ir a un nuevo modelo con consenso y participación y en una atención centrada en la persona y en la proximidad. “Las residencias son sus casas, no son hospitales”, resumieron.

“No hay tiempo que perder”, manifestó Blanco, que instó a los grupos de trabajo, que hoy han cerrado esta primera fase, a presentar en 20 días las conclusiones a Familia para su incorporación al borrador de la ley, a la vez que adelantó algunos de los objetivos de la misma, ante las carencias que se han visto en esta pandemia, como “repensar” los ratios, una mayor especialización del personal y la coordinación sociosanitaria.

Protagonismo público

El director general del IMSERSO, Luis Barriga, saludó la futura ley de Atención Residencial que prepara la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y calificó de “buena noticia” el consenso en los grupos de trabajo entorno al nuevo modelo centrado en los derechos de las personas, a la vez que planteó algunos desafíos para los próximos años como una revisión de los cuidados, potenciar los servicios de atención en la proximidad o revisión de la arquitectura de las instalaciones.

Estimó Barriga que uno de los mayores desafíos es el factor de los recursos humanos, ya que en España el sector es “poco atractivo” por el bajo nivel formativo y la precariedad salarial y laboral, con periodos bajos en este trabajo de cuidados, cuyas dificultades estructurales se ven en esta pandemia y pidió el protagonismo de los público en los derechos de las personas, pero aseguró que requiere inversión que no es ahora la “más adecuada” si se compara con los países del entorno. Otro desafió que destacó fue “repensar” la gobernanza entre lo social y lo sanitario por la supervivencia de los dos sectores y los derechos de las personas. 

Ante estos retos, explicó que el Gobierno ha enviado 32 proyectos a Bruselas, uno de ellos el cambio de modelo de los cuidados de larga duración con una inversión de 8.600 millones -3.500 en los próximos tres años con reflejo en los presupuestos de 2021 y 2.000 millones para la arquitectura de las instalaciones-, para la financiación con fondos europeos, y subrayó que en 2040 se estima la incorporación de 260.000 personas al sector de los cuidados.

“El momento es gravísimo, pero tiene una lectura de oportunidad para en esta crisis acelerar el cambio de modelo y está en nuestro tejado buscar los consensos”, concluyó, para afirmar que se tienen los medios para llevar adelante esos cambios que sirvan para mejorar la vida de la gente.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Melania Álvarez, que afirmó que “tenemos una enorme responsabilidad compartida” para construir el futuro en los próximos meses, explicó que en el Parlamento de su comunidad se ha creado una comisión de estudio de toda la gestión de la crisis del covid en la que se expresó el compromiso de “volcarse” en un nuevo modelo residencial de la mano de todos los agentes implicados.

Por último, manifestó que han constituido una mesa que ha diseñado ya la hoja de ruta para avanzar en un nuevo modelo residencial centrado en la proximidad y en los derechos de las personas y en una mayor calidad en el trabajo de los cuidadores, todo desde la coordinación sociosanitaria.