Satisfacción en el Partido Popular de Ávila tras la votación celebrada en el Congreso de los Diputados en la que se rechazó la convalidación del Real Decreto Ley sobre medidas financieras aplicables a las entidades locales. Alegría que su presidente, Carlos García, extendió a «todas las diputaciones y ayuntamientos de nuestro país» por lo que considera que sería «un expolio en toda regla a los ahorros que los consistorios han acumulado estos últimos años» y que, según sus palabras, «se ha transformado en una derrota histórica del Gobierno en el Congreso».

«Ha ganado el municipalismo y la autonomía de las entidades locales que consagra la Constitución, y se ha evitado la confiscación de remanentes para tapar el boquete en las cuentas públicas que ha provocado el Ejecutivo central con su gestión. Los ahorros de los consistorios y las diputaciones se van a emplear en mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos desde las administraciones más cercanas, no en rescatar al Gobierno de Sánchez e Iglesias», señaló Carlos García.

Recordó el presidente de los populares abulenses que el pasado 4 de agosto «anunciamos que los ayuntamientos gobernados por el PP en nuestra provincia, así como la Diputación, se iban a negar a entregar voluntariamente sus remanentes al Gobierno para financiar su programa político».

No fue la del dirigente del PP la única declaración este jueves tras conocerse la notica del Congreso, pues también se refirió a ella el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, aunque en unos términos diferentes. Yes que, como apuntó el regidor, «en el Ayuntamiento de Ávila la medida no nos afectaba ni antes ni ahora, cuando se iba a llevar a cabo porque, lamentablemente, la situación económica derivada de la herencia del Partido Popular impide que podamos acogernos al uso del superávit. No nos hemos podido ni plantear usar un superávit que no tenemos por haberlo destinado al pago de facturas atrasadas, y lo demás es ruido y enfrentamiento entre PP y PSOE».

El Pleno del Congreso rechazaba este jueves convalidar el decreto ley que recoge el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias para la cesión al Estado de los remanentes municipales y que quedó, por tanto, derogado.