Nuevo toque de atención para el jefe del Govern de Cataluña, Quim Torra. La Junta Electoral Central (JEC) lanzó ayer un ultimátum al presidente, al darle otro plazo de 24 horas para que retire de los edificios de la Generalitat los lazos amarillos y las esteladas, advirtiéndole de que si no lo hace podría incurrir en responsabilidades penales.

Con su decisión, este órgano desestima el recurso presentado por el propio político contra la orden dictada hace una semana para que quitara los símbolos independentistas de esos espacios públicos por no ser compatibles con el principio de neutralidad exigido a las instituciones en período electoral.

Torra esgrimió varios argumentos para justificar su negativa a hacerlo y pidió al máximo intérprete de la legislación electoral que reconsiderara su postura, pero la JEC rechaza una por una sus alegaciones y además de insistirle en que cumpla la orden le avisa de las consecuencias que tendría negarse.

Es más, la Junta pide a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, que le informe si se cumple este último requerimiento en el plazo previsto «al efecto de deducir, en su caso, las responsabilidades en las que se haya podido incurrir por no hacerlo».

Respecto a las esteladas, el president sostenía que representan «un anhelo de libertad y una reivindicación democrática, legítima, legal y no violenta», tal y como resolvió el Parlament en su día, pero la Junta Electoral le recuerda que ya en 2015 estableció que estas banderas «simbolizan las aspiraciones de una parte de la sociedad catalana, pero no de toda ella».