El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, consideró ayer que los ayuntamientos «ya no forman parte del problema de déficit público» sino que, por el contrario, pueden ser «parte de la solución» a nuevos problemas como las necesidades generadas por la pandemia por la covid-19 independientemente de los mecanismos que se instrumenten para favorecer la utilización de los remanentes. Así lo dijo durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda en la que presentó dos informes: el anual de cuentas del sector público de la Comunidad correspondiente al año 2018 y el informe de las consecuencias económico-financieras de la aplicación de medidas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera en las entidades locales de Castilla y León en el periodo entre 2010 y 2017. 

En relación a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, Amilivia consideró que la normativa «ha cumplido con los objetivos» ya que la normativa supuso «un punto de inflexión» y alcanzó una disminución del gasto de las entidades locales en torno al 20 por ciento, pasando de 3.072 millones de euros en 2010 a 2.449 millones en 2017, además de que los ingresos disminuyeron aunque en menor medida. 

En ese periodo, los remanentes de tesorería para gastos generales pasaron de 213 a 929 millones, lo que supuso un aumento del 152 por ciento, con especial incidencia al saneamiento de los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, mientras que desde 2013 fueron positivos en todos los grupos de entidades, lo que mantuvo el incremento en el 74 por ciento. 

En medio de un debate de plena actualidad como es el de los remanentes municipales, Amilivia lanzó tres recomendaciones que incidió en que tienen que «contextualizarse» en el momento de aprobación del informe cuya situación se ve ahora «alterada» por los efectos económicos de la pandemia del coronavirus, en las que aseguró que se «anticipa» un debate«de absoluta vigencia» como es el uso de los remanentes de manera que las entidades locales eviten la existencia de capitales líquidos inmovilizados «por encima de las necesidades de tesorería». 

Castigar a los incumplidores

El presidente del Tribunal también planteó la necesidad de aplicar medidas coercitivas con el fin de garantizar la rendición de cuentas por parte del sector público local, tras constatar en 2018 una caída de casi 11 puntos en este capítulo respecto del ejercicio anterior. A 31 de diciembre de 2019 (fecha de cierre a efectos del informe), había rendido la Cuenta General del ejercicio 2018, un total de 3.343 entidades, que representan el 70% del Sector Público Local de la Comunidad, lo que supone una bajada de casi siete puntos porcentuales respecto al ejercicio precedente.

En cuanto a los ayuntamientos, rindió la cuenta de 2018 el 77,1%, lo que representa una leve disminución de 2,5 puntos porcentuales respecto al 79,6% registrado el ejercicio anterior. Por provincias, se reducen los niveles de rendición en plazo todas con la única excepción de Soria.