Los centros públicos y privados de tienen quince días para adherirse a la oferta de plazas de gratuitas de segundo curso de Educación Infantil (dos y tres años) para el próximo curso o, si no la tienen, solicitar autorización como centro educativo de primer ciclo. La Junta de Castilla y León publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad la orden por la que se establece este plazo para que las entidades locales u otras corporaciones públicas, titulares de centros autorizados para impartir enseñanzas del primer ciclo de educación infantil o centros públicos y privados que presten servicios especializados de atención a menores de tres años, comuniquen las unidades y plazas escolares con las que se adhieren a la oferta gratuita de plazas de dos a tres años para el curso escolar 2022-2023.
El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, destacó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la apertura de este plazo con el fin de que el próximo curso 2022-2023 ya se pueda comenzar con esta oferta gratuita de plazas para niños de dos a tres años. Para ello, hay que tener en cuenta no sólo los centros ya autorizados que estén impartiendo esta etapa educativa, sino también aquellos de titularidad de las entidades locales u otras corporaciones públicas que prestan servicios especializados en atención a menores de tres años y deseen adherirse a dicha oferta, en este último caso, previa solicitud de autorización como centro educativo de primer ciclo de educación infantil.
Así, por un lado se ha establecido un plazo de 15 días para comunicar el número de unidades en funcionamiento y las plazas escolares que se deseen aportar a la oferta gratuita de plazas para el próximo curso y, uno segundo, de tres meses, para solicitar la autorización como centro educativo, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos.
El consejero de Economía y portavoz defendió que será cada empresa y cada establecimiento «el que debe valorar si entrar en el proceso o no», de ahí que se otorgue ahora un plazo de tiempo. «Queríamos que esta medida no supusiera un perjuicio para otros centros educativos más allá de lo público. Que ellos valoren si se quieren adherir por si una supuesta gratuidad les puede influir en una rebaja de la demanda», justificó Carriedo, quien habló que se trataría de una concertación con estos centros.
Críticas sindicales
Tras conocerse la publicación de esta orden, algunos sindicatos del ámbito educativo criticaron la medida por «abandonar a la pública». Desde Stecyl aseguran que «lo grave del caso» es que la Consejería de Educación «abre de par en par la puerta a los conciertos para la educación infantil». Además, consideran que la ratio de una unidad por cada veinte alumnos y alumnas «supone una aberración en la ratio del alumnado de estas edades». También, CCOO había criticado recientemente «la inadmisible falta de información y transparencia» de la Consejería de Educación ante un tema «tan relevante» como este.