Tras un año de negociaciones con las comunidades autónomas y a las puertas de una nueva y casi definitiva Conferencia Sectorial este mes de octubre, el Ministerio de Agricultura ha dado cuenta y debatido con las organizaciones agrarias lo que deberá ser el contenido del Plan Estratégico. Este documento contemplará cómo debe ser la aplicación de la próxima reforma de la Política Agraria Común y, lo más importante, la distribución de los 47.724 millones previstos para los próximos años de 2023 a 2027.

A poco más de dos meses del plazo fijado por la propia Administración para ultimar el documento definitivo que se envíe a Bruselas, la realidad es que cuando se habla de dónde ubicar los dineros hay cabos sueltos claves sobre los que no se ha llegado a ningún compromiso y en torno a los cuales siguen abiertos los debates. Estas diferencias se han puesto de manifiesto entre las comunidades autónomas, pero también entre las propias organizaciones agrarias. A pesar de ello, el ministro y las OPA coinciden en la necesidad de un Plan Estratégico inclusivo, justo y redistributivo, reconociendo la diversidad de posiciones de cada comunidad autónoma al existir diferentes tipos de actividad.

En la última reunión de la Conferencia Sectorial celebrada el pasado verano se consideraba como beneficiario de las ayudas directas de la PAC a quien cumpliera la condición de agricultor activo. Y se reconocía como tal a quien se hallara dado de alta en el Régimen Agrario de la Seguridad Social por cuenta propia o aquel que tuviera un 25% de sus ingresos totales procedentes de la actividad agraria, pero considerando igualmente como activos a quienes perciben menos de 5000 euros de ayudas directas de la PAC.

En esa Conferencia Sectorial se dio luz verde para que los procesos de convergencia pasaran de 50 a 20 regiones con el objetivo de que, para 2026, en una misma región, todos los derechos lleguen al 85% del valor medio regional, aplazando hasta 2029 la convergencia plena del 100%. Y se aprobó plantear en 2025 el fin de los pagos por los derechos históricos y apostar por los pagos por superficie como ya se contemplaba en acuerdos anteriores.

Hoy, en la fase final de las negociaciones, sobre la mesa hay básicamente dos cuestiones en las que se mantienen importantes diferencias relacionadas con el reparto de los dineros: la aplicación de los pagos redistributivos y los matices sobre las diferencias entre los agricultores activos.

En relación con los pagos redistributivos, que suponen el 10% del montante de los pagos directos y casi el 17% del pago básico, persiste el debate sobre el volumen de las primeras hectáreas de una explotación que puedan beneficiarse de esa ayuda complementaria. Aunque teóricamente es muy sencillo hablar de pequeñas y medianas explotaciones, la situación se complica en tanto en cuanto el nivel de las mismas no se puede medir solo por superficie, sino también por ingresos.

Teóricamente, Agricultura estima que el Pago Redistributivo se calcula partiendo del presupuesto inicial de la Ayuda Básica a la Renta asignada a cada región. De esa cifra, el 83,3% se destina a la Ayuda Básica a la Renta y un 16,7% al Pago Redistributivo. Para esas primeras hectáreas de las explotaciones más pequeñas, se plantea que el Pago Redistributivo suponga restituir ese 16,7%, por lo que ni ganarían ni perderían. El grueso de las ayudas correspondería a las primeras hectáreas de las pequeñas y de las medianas explotaciones, y para las grandes no habría esos apoyos. Pero queda pendiente por definir y la cuestión es cuáles son esos niveles de hectáreas sobre los que trabaja Agricultura.

En relación con los pagos entre profesionales y los activos, siguen las divisiones sobre quienes deben cobrar las ayudas. A diferencia del sector y algunas comunidades autónomas, Agricultura lo tiene claro sobre la necesidad de considerar también como profesionales a los calificados como activos cuando cobran igual o menos de 5.000 euros, tanto por su papel para el sostenimiento de la actividad en muchas zonas del medio rural como por su escaso peso en la distribución de los fondos.

Luis Planas señala la necesidad de un Plan Estratégico inclusivo y profesional, justo y redistributivo, reconociendo la diversidad de posiciones de cada comunidad autónoma al existir diferentes realidades en la actividad. Desde el Ministerio de Agricultura se defiende la inclusión de este colectivo por considerar que suponen una figura muy importante en muchos territorios para el sostenimiento del medio rural, para mantener viva la actividad agraria, además de no significar un volumen importante de fondos.

Datos oficiales señalan que ese colectivo con cobros por debajo de los 5.000 euros supone el 70% de los destinatarios de las ayudas que solo se lleva una media del 14% del total. Además, según esas cifras, un 60% de los perceptores de menos de 5.000 euros de ayudas cumplirían con el criterio de profesional cuando de sus ingresos totales, los agrarios suponen más del 25%, algo que sucede muy especialmente en el sector olivarero, en Levante o La Rioja. Frente a lo que sucede en la parte baja de los perceptores de ayudas PAC, en la parte alta solo el 1,26% de los perceptores reciben el 16% de los fondos de ayudas directas. Agricultura insiste en sus argumentarios en que el 32% de los profesionales reciben 86% de las ayudas PAC, por lo que se puede concluir que ellos son los destinatarios preferentes y que, entre esos profesionales y los pequeños profesionales, sumarían el 96% de los fondos.

En lo que afecta a los pagos de las ayudas acopladas a la producción, Atocha señala que, en la mayor parte de los casos, son profesionales con cobros por encima de los 5.000 euros que reciben el 93,5% de los fondos. En el caso de la vaca nodriza, los profesionales acceden al 91,1% de los pagos, en el vacuno de leche suponen el 97,1%, el 98,6% en el tomate y el 98,9% en la remolacha. Desde la Administración se considera que los más de 1.000 millones de fondos previstos para los ecoesquemas irán fundamentalmente a los profesionales en tanto en cuanto son quienes tienen los mayores conocimientos y están mejor preparados para ejecutar las medidas.

A pesar de las diferencias existentes en estas cuestiones claves para el reparto de los fondos, Agricultura confía en tener listo el Plan antes del 31 de diciembre próximo.