Elaboran una guía para la vuelta de los empleados públicos

SPC
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Ibáñez afirma que han optado por "la anticipación, la determinación y la agilidad" en la desescalada

Ángel Ibáñez.

La Junta de Castilla y León ha elaborado un documento guía con medidas organizativas y preventivas, que ha distribuido a todas las consejerías, para una progresiva vuelta a la normalidad tras el fin del estado de alarma cuando la evolución de la pandemia presenta ya un descenso de contagios de Covid-19 en la Comunidad.

En su comparecencia a petición propia ante la Comisión de la Presidencia de las Cortes para explicar las actuaciones ejecutadas por su departamento en relación con el Covid-19, el titular de este departamento, Ángel Ibáñez, realizó ese anuncio para la desescalada entre los empleados de la Junta de Castilla y León, aunque afirmó que conocer las fechas exactas puede ser “precipitado”, como recoge Ical.

Ibáñez manifestó que han optado por “la anticipación, la determinación y la agilidad” y detalló que hace ya casi 20 días, a mediados del mes de abril (10 de abril), iniciaron el análisis de los criterios para planificar la desescalada en la actividad de la prestación de los servicios públicos con las mayores garantías de prevención de riesgos de nuestros empleados públicos.

En ese marco, indicó que se planifica el retorno para que en la Junta se cuente con unas normas de aplicación claras, con una organización coordinada y con unsistema de prevención con medios de protección homogéneos para todos los empleados públicos en su retorno laboral.

Además, manifestó que esa guía se ha trasladado esta misma semana a las organizaciones sindicales para su valoración, si bien indicó que se han recogido sus portaciones, y avanzó que en los próximos días será objeto de debate en una Mesa de Negociación que se convoque a tal efecto.

“Estamos en un momento crucial. La reincorporación a la vida ordinaria de nuestros empleados públicos debe efectuarse de una manera prudente, planificada y con completas garantías de cumplimiento de normas sanitarias y de los protocolos de prevención de riesgos laborales”, aseveró.

Avanzó el consejero que las pautas serán la protección de aquellas personas con más riesgo a contraer la enfermedad, la conciliación de la vida familiar y laboral, el mantenimiento de los servicios esenciales para continuar con la lucha contra la pandemia, la recuperación progresiva de la prestación de los servicios a los ciudadanos y una reincorporación a la actividad ordinaria en la que se tratará de compatibilizar el trabajo presencial y no presencial, así como el trabajo a turnos.

Ibáñez despejó un conjunto de medidas, en la adaptación realizada por la Administración autonómica ante el estado de alarma, en ocho bloques, como el funcionamiento de los órganos colegiados de Gobierno, las actuaciones en la función pública, por los Servicios Jurídicos, las iniciativas en materia de administración local, la labor de comunicación, las relaciones con otras instituciones, la labor de las delegaciones territoriales y los objetivos de la Agenda 2030.

Teletrabajo

En relación a la adaptación administrativa, destacó que el 11 de marzo los empleados públicos tenían acceso remoto a su puesto, con 8.348 que realizan el teletrabajo y sólo un 4,5 por ciento tiene ahora presencia física, afirmó que 158 profesionales de la Consejería de Educación han pasado a reforzar los servicios sociales gestión y, através de las bolsas de empleo, se han adjudicado más de 20 puestos a funcionarios y las autorizaciones de nombramiento de 48 funcionarios interinos urgentes por la emergencia sanitaria.

Respecto del Consejo de Gobierno, explicó que ha mantenido diez reuniones desde el 11 de marzo, incluso en días festivos, en las que se han aprobados 23 acuerdos de diversa índole, dos decretos y un Decreto-Ley de medidas para hacer frente al coronavirus, cuya reciente convalidación por las Cortes agradeció.

Defendió el consejero la coordinación con las entidades locales y recordó que se ha publicado la orden que permitirá en mayo la transferencia a las entidades locales de 16,5 millones de carácter incondicionado que permiten dotar a estas de una mayor liquidez para satisfacer sus necesidades más urgentes en la lucha contra el Covid-19, en lo que afirmó que se anticipan a unos pagos que de hacían en agosto. A lo que unió 11 millones para la promoción económica en el marco de su participación en los ingresos de la Comunidad. De manera que contarán con 27,5 millones, 11 municipios de menos de 20.000 habitantes, nueve para los más de 20.000 habitantes y siete para las diputaciones.

Por otro lado, se detuvo en la coordinación de las delegaciones territoriales a través de un órgano como el Cecopy y citó como ejemplo los 5,5 millones de unidades de material distribuidos en las provincias.

Finalmente, avanzó que se elevará a acuerdo de Consejo de Gobierno los objetivos de la Agenda 2030 para vincular las actuaciones de todas las consejerías con los ejes y compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y confió en que el pacto de comunidad, ofrecido por el presidente de la Junta, salga adelante.