La Ley del Tercer Sector Social contemplará un censo de organizaciones que lo integran y modificará la normativa sobre voluntariado, que será «más seguro», y que se adapta a la realidad actual y nuevas fórmulas, después de que hayan transcurrido 13 años de su última regulación.

Así lo resumió la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien presentó el anteproyecto de Ley, que se publicó ayer en Gobierno Abierto (donde estará 20 días expuesto a información pública), y que establece un marco jurídico común para las más de 3.300 entidades que ofrecen más de 5.000 servicios en diferentes áreas relacionadas con los mayores (que suponen el 55,1 por ciento de las empresas del tercer sector), las personas con discapacidad (diez por ciento), las beneficiadas por la inclusión social (4,5) y la protección a la infancia (4,2 por ciento). El 25 por ciento restante corresponde al resto de áreas, como informa Ical.

En resumen, dijo la consejera, «se da rango de ley a algo que ya se hace de manera habitual en Castilla y León». El documento reconoce la aportación a la sociedad de estas organizaciones, «ya que sin este sector los servicios sociales no serían lo que hoy son para lograr una sociedad más cohesionada y solidaria», señaló Blanco, quien vaticinó que alrededor del verano esta ley podría ir a Consejo de Gobierno para iniciar posteriormente su trámite parlamentario.

Esta norma, que la consejera consideró «tan necesaria como importante», establece un marco jurídico común. En primer lugar constituye el entorno legal de referencia, determina el papel del Tercer Sector Social, su ámbito de intervención definiendo jurídicamente sus características, principios y obligaciones y garantiza la sostenibilidad a través de la concertación social. Además, determina fórmulas de participación para añadir como valor el trabajo en red en Castilla y León.

Asimismo, refuerza los canales de interlocución y participación con las distintas administraciones públicas y con otros agentes del ámbito de la intervención social, a la vez que aporta la cobertura jurídica que las entidades «llevan años demandando». Finalmente contempla la creación de un censo de organizaciones lo que permitirá.

Plan estratégico.

Uno de los capítulos de la ley se dedica a la promoción del Tercer Sector Social en Castilla y León. Para ello, subrayó Isabel Blanco, se elaborará un ‘Plan Estratégico para el impulso y promoción del Tercer Sector’, con una vigencia de cuatro años, a lo largo de los cuales se llevarán a cabo una serie de actuaciones de promoción dirigidas, entre otros objetivos, a favorecer el mecenazgo y el patrocinio.

Finalmente, el anteproyecto modifica la Ley del Voluntariado en su disposición final primera, ya que «promueve y facilita la participación solidaria de la ciudadanía en actuaciones de voluntariado», realizadas a través de las distintas entidades y adapta la norma vigente desde hace 13 años a las nuevas formas de voluntariado que han surgido y a la «realidad social» de Castilla y León. Un punto en el que tendrá un especial énfasis la protección al menor.