Como ha venido confirmándose desde hace tiempo, los datos del desempleo siguen mejorando de forma sólida y consolidada en la provincia de Ávila. Ya son diez los meses consecutivos en los que el paro ha descendido, y aunque la bajada en diciembre ha sido muy leve, apenas de medio centenar de personas, las cifras absolutas de personas en busca de empleo (10.075) se sitúan en niveles inferiores a los registros previos a la pandemia de la covid-19, que todo lo ha marcado y condicionado hasta ahora.

De esta positiva evolución habla por sí solo el dato que registra la evolución interanual, con 3.026 parados menos que hace hace un año, un descenso del 23 por ciento.

Es por tanto una evolución muy satisfactoria, a pesar de las incertidumbres en una segunda mitad del año 2021 en torno a la nueva variante del virus y a la extensión exponencial de los contagios. Ello indica que hay que seguir trabajando en torno a los mismos ejes de impulso económico, favorecido por Europa; de la protección social; de los instrumentos de regulación de empleo; y de la concertación social. Respecto a esto último se abre también ahora una nueva fase marcada por la negociación de la contrarreforma laboral, certificada por Gobierno, patronal y sindicatos y que, previsiblemente, saldrá adelante en el Parlamento. Esta regulación nueva reequilibra la negociación colectiva y pretende acabar con la lacra de la temporalidad. La implementación de las medidas irá marcando el grado de eficacia del reciente acuerdo.

En Ávila, sigue siendo, como han remarcado los empresarios, una gran asignatura pendiente el apoyo a las pymes y micropymes, el auténtico tejido productivo de la provincia, así como el necesario impulso industrial, de la mano de un Plan Territorial de Fomento que enfila su segundo año de existencia y que debe hacer aflorar nuevas concreciones más allá de la puesta en marcha de la infraestrucura necesaria para la creación y consolidación de empresas y la generación de empleo.

A pesar del balance positivo de diciembre, aún hay margen para la mejora del empleo, si atendemos a la previsión de crecimiento económico en Castilla y León, que rondará el 5 por ciento. Pero para desbrozar esta senda va a ser necesario abordar algunas amenazas inminentes: la primera de ellas es el déficit de stocks y de suministros, que están ya lastrando el despegue del consumo y de algunos sectores; la segunda, el obstáculo sanitario de la variante Ómicron y la errática gestión de las autoridades en relación a los protocolos; y, por último, la inflación, que se acerca al 7 por ciento.

La inflación conlleva dos riesgos, el primero es que el aumento de precios repercuta en un crecimiento de los salarios con efectos negativos en la productividad; el segundo, que ese incremento no sea suficiente para enjugar el aumento del coste de la vida y el poder adquisitivo se reduzca con efectos lesivos sobre el consumo.