Ecologistas en Acción advirtió hoy de que la contaminación por ozono causa un centenar de fallecidos de media al año en Castilla y León, según ha puesto sobre la mesa el Instituto Carlos III, que estima las víctimas mortales por este factor entre 1.500 y 1.800 anuales en España. De ellas, unas diez víctimas mortales se registran en Ávila, 20 en Salamanca, 24 en Segovia y 34 en Valladolid, las provincias más afectadas en el estudio, dado que allí se encuentran, además, las estaciones de medición que en 2019 han presentado los niveles de ozono más altos. El coste sanitario y laboral de la contaminación por ozono fue de 5.000 millones de euros (según datos de 2013), un 0,33 por ciento del PIB nacional, según datos del Banco Mundial.

De hecho, algo más de un diez por ciento de la población de Castilla y León respiró aire contaminado por ozono por encima del limite legal en 2019 (120 microgramos por metro cúbico de aire), es decir, un total de 243.347 personas del sur de la Comunidad. Así se desprende de las conclusiones del informe ‘La contaminación por ozono en el Estado español’, elaborado por la organización verde en base a la medición de 35 estaciones. Según el documento, en todo el territorio nacional son 9,8 millones de personas afectadas por esta contaminación en España, donde suman 480 puntos de análisis.

El responsable nacional de Calidad del Aire de Ecologistas, Miguel Ángel Ceballos, explicó que el informe contempla que el ozono troposférico afectó a la mayor parte del territorio autonómico, aunque en niveles “más bajos” que en años anteriores, en el noroeste, en especial en la comarca de El Bierzo (León), coincidiendo con unas temperaturas más bajas durante el verano y con el cierre de una de las dos centrales térmicas de carbón ubicadas en la comarca. Ecologistas vaticina que la inactividad de Compostilla, La Robla y Guardo “mejorarán el aire en esas zonas”.

Como consecuencia de esta situación, el informe recoge que la totalidad de la población de Castilla y León respira un aire perjudicial para la salud, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una mala calidad del aire que afecta a todo el territorio. Sin embargo, es un 10,1 por ciento de esa población la que vive en una zona donde la media de las estaciones de medición supera el objetivo legal para la protección de la salud en el trienio 2017-2019, como es la Montaña Sur de Castilla y León. También la estación ubicada junto a la planta de Renault, en la aglomeración sur de Valladolid, ha registrado índices de riesgo alto. “Cuenta con un incumplimiento histórico”, sostuvo Ceballos.

Como ejemplo, informó de que el objetivo legal de la OMS indica que no se pueden superar los 120 microgramos durante más de 25 días al año, y esto ha ocurrido, en lo que va de 2019, en 27 días en la estación medidora del sur de Valladolid, en 36 en la de Segovia y en 38 en El Maíllo (Salamanca).

A su juicio, achacó estos niveles de contaminación a causas como los combustibles fósiles, acompañado de un nuevo ciclo económico que agravado el aumento de las temperaturas por el cambio climático. A ello se suman, dijo, las térmicas de carbón y la ganadería intensiva. En este término, acusó directamente a las más de cien macrogranjas ubicadas en Segovia y reclamó a la Junta una moratoria en las licencias de este tipo de explotaciones por la “saturación existente”. “En general es una contaminación que se distribuye por el territorio por los vientos”, relató.

De hecho, señaló que durante este verano, en el que se observaron tres “olas de calor” a finales de junio, se registraron tres “superaciones” del umbral de información en las estaciones de Ávila y San Martín de Valdeiglesias (Madrid), muy cercana a la frontera de la Comunidad y que la Junta utiliza para la recolección de datos. “Frente a estos niveles, el Gobierno regional se ha limitado a difundir un aviso rutinario”, lamentó.

Interpelación a Suárez-Quiñones

Ceballos, que estuvo acompañado por el portavoz de Ecologistas en Acción en Valladolid, Javier Gutiérrez, añadió que los planes de mejora de la calidad del aire son “obligatorios” desde 2010 según la legislación vigente. Por ello, acusó directamente a la Junta de su “inacción” porque “sigue sin elaborarlos en todas las zonas donde resulten preceptivos”. La organización se basa en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), de octubre de 2018, admitida en el Supremo. Según Ecologistas, “se trata de una negligencia que está poniendo en peligro la salud de 600.000 castellanos y leoneses en la aglomeración sur de Valladolid y en la montaña de Ávila, Salamanca y Segovia”.

Al respecto, recordó que el Supremo admitió a trámite el 7 de octubre de este año un recurso de casación de la Junta para considerar su obligación de elaborar estos planes, vinculados al un documento nacional que impulse el Ministerio de Transición Energética. “Tenemos una sentencia que señala que ya existe este plan a nivel nacional”, trasladó al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a quien reprochó “estar mareando la perdiz” con este tema y “no trabajar por reducir los niveles de ozono”. “Todo ello por no afectar a los intereses industriales, automoción y ganadería. No está actuando en consecuencia y cada año fallecen cien personas por estos episodios. Todo ese peso cae sobre el consejero por su inacción. Lo digo con toda claridad para que se sienta interpelado”, cargó Ceballos.

Por último, la organización precisó mejoras en la transparencia y las vías de atención e información al ciudadano en todas las administraciones. “En algunos casos hay que saber de ozono y contaminación y también de informática para encontrar datos sobre ello”, concluyó Miguel Ángel Ceballos.

Valladolid, “ejemplo, pero insuficiente”

Por su parte, Javier Gutiérrez lamentó que sean “pocas” las autoridades que cuentan con actuaciones frente a las puntas de contaminación por ozono, entre las que puso de relieve a la ciudad de Valladolid, que contempla y aplica de “forma pionera” medidas de limitación del tráfico en episodios de la ola de calor. Una acción que Ecologistas aplaude, pero considera “insuficiente”. En este sentido, recordó que mientras las grandes urbes francesas restringían el tráfico, las españolas “se limitaban a informar rutinariamente a la población sensible”.

Sin embargo, echó en falta un plan estructural más allá de los cortes de tráfico puntuales y reclamó pautas de movilidad ciudadana y de la industria, potenciar el transporte público, en un “intento que hasta ahora ha sido fallido”, y reducir el uso del vehículo privado, con la creación de una “almendra” similar a la de Madrid Central.

A su juicio, el Gobierno ha enviado a Bruselas planes sobre la movilidad en las ciudades y Europa “exige plazos que no se cumplen por parte de los ayuntamientos”, pues ninguna capital de la Comunidad cuenta con un plan estructural de este tipo. “Nos van a atropellar desde otras administraciones; y luego nos quejaremos de la falta de autonomía local”, advirtió Gutiérrez.