Este lunes quedó visto para sentencia el juicio que se ha seguido en la Audiencia Provincial de Ávila contra M. P. H y J. J. A, acusados de un delito continuado de falsedad de documento público y estafa y para quienes la Fiscalía inicialmente pedía penas de 7 años de prisión, en el caso de la primera, y de 5, para el segundo. Una petición que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular rebajaron ayer, en la segunda y última jornada de juicio, al entender que la acusada, farmacéutica de profesión y dueña de una farmacia en Madrid, no ostentaba la condición de funcionario público, cambio de criterio que modifica también el tipo penal aplicable y establece una pena inferior. Así, de los 7 años de prisión que el Ministerio Fiscal pedía se pasaba a pedir  3, la misma cantidad que para el otro acusado, que durante la primera jornada se reconocía culpable del delito de hurto. A ambos se les pide también una multa de 12 euros al día durante 10 meses.  

La investigación, se explicó durante el juicio, dio comienzo en diciembre de 2015 cuando la propietaria de una farmacia abulense se percató de que le faltaba la receta de un opiáceo que por sus particulares características se debe sellar incluyendo además datos del paciente. La farmacéutica llegó a la conclusión de que la receta había sido sustraída por el informático que prestaba servicio a esta botica. Las pesquisas llevaron a una farmacia de la calle Serrano de Madrid donde en el segundo semestre del año 2015 se facturaron 89 recetas procedentes de dos despachos farmacéuticos de Ávila, uno de ellos el de la farmacéutica que dio la voz de alarma, y a los que J. J, A prestaba servicios informáticos lo que le permitía acceder al interior de los despachos y sustraer recetas. De hecho, durante la primera jornada de juicio el propio acusado reconoció su culpabilidad si bien negó que existiese ningún tipo de acuerdo con la otra acusada para cobrar esas recetas a la Sanidad madrileña. Para el fiscal esta declaración de culpabilidad no debe ser tenida en cuenta como atenuante por entender que «está confesión se ha integrado más bien en una estrategia de tratar de encubrir a la otra parte acusada que en relatar la realidad de lo sucedido».  Es más, tanto el fiscal como la acusación particular pusieron de manifiesto que pese a conocerse desde hace años, tener cuentas comunes, ser él propietario del local donde se ubicaba la farmacia, gestor de la misma y probablemente socio de la farmacéutica ambos «aparentaran que no existe la mínima relación».

De hecho, el elevado precio de las recetas facturadas por esa farmacia, unos 70 euros de precio medio frente a los 20 de media habitual, dio también lugar a una investigación por parte de la Inspección de Sanidad madrileña que inició un procedimiento administrativo realizando una propuesta de sanción de 60.000 euros por una falta grave, como explicó la inspectora que este lunes declaró como perito. Apuntó esta inspectora de Sanidad que las 89 recetas procedentes de los dos despachos de Ávila le habían supuesto unos ingresos de 5.766 euros a la farmacia de la calle Serrano que las facturó sin haber dispensado los medicamentos.

Durante las investigaciones  también se descubrió, explicó el fiscal, que había habido «un volumen importante de recetas vendidas en estas dos oficinas abulenses que sin embargo desaparecieron sin que hayan podido ser presentadas al cobro por las mismas», estimando tanto la Fiscalía como la acusación particular «que en virtud de determinadas pruebas indiciarias y de una prueba pericial practicada también podrían haber corrido la misma suerte», si bien no se ha demostrado que las mismas fueran cobradas por la farmacia madrileña.  De hecho, en el segundo semestre de 2015 una de las dos farmacias abulenses registró un desfase de unos 15.000 euros entre recetas vendidas y facturadas, sin que se haya podido acceder a la contabilidad anterior por haberse borrado del sistema informático los datos de los meses previos. Por ese motivo, la representación procesal de una de las farmacias habla de un delito de daños y pide para su representada una indemnización de 3.000 euros por la pérdida de información digital y algo más de 15.000 por la cuantía descuadrada entre recetas dispensadas y no facturadas. La otra farmacia pide 1.456 euros en concepto de responsabilidad civil por las facturas no cobradas.

Por su parte, la farmacéutica acusada, para la que la defensa pidió la absolución, negó los hechos argumentando el letrado que «no existen pruebas de cargo» contra su representada. Es más, aseguró el abogado que M. P. H «nunca ha tenido conocimiento de esta actuación reconocida por el acusado de apropiación indebida de recetas» y que aunque ella «confió plenamente en la gestión» de éste «no existía una sociedad» entre ellos.