Las nueve diputaciones de Castilla y León recaudan alrededor del 90 por ciento de lo puesto al cobro en periodo voluntario, unos 476 millones de euros, un porcentaje que baja al 30% en el conjunto de las nueve instituciones en fase ejecutiva. Así lo recogen los informes del Consejo de Cuentas de Castilla y León que analizan la eficacia y eficiencia de la gestión recaudatoria en cada una de las instituciones provinciales en el ejercicio de 2019 y que fueron aprobados esta semana en el Pleno del Consejo celebrado en Segovia. 

La Diputación de Ávila recaudó ingresos por valor de más de 48,5 millones de euros en periodo voluntario, de los que 36,5 fueron impuestos locales (en su mayoría el IBI) y 10 millones, tasas y otros ingresos, y para el Consejo»debería mejorarse» el grado de recaudación de los impuestos, ya que con carácter general se sitúa «algo por debajo de la media de las diputaciones». El grado de recaudación en voluntaria del IBI urbana se situó en el 88,4%, por debajo de la media agregada de las diputaciones (89,8%), mientras que en el resto de impuestos el porcentaje se situó por debajo de la media, a excepción del ICIO. 

Por su parte, la recaudación total de ingresos en ejecutiva rozó los 4 millones de euros. A juicio el Consejo de Cuentas para una gestión recaudatoria «más eficaz en vía ejecutiva deberían reducirse los plazos de la providencia de apremio», mientras que «el órgano de recaudación debería mejorar la eficacia de sus actuaciones de apremio y embargo para el cobro de deudas en vía ejecutiva, incrementando las derivaciones de responsabilidad, la aplicación de la hipoteca legal tácita, las actuaciones sobre sucesores y la enajenación de bienes», además de destinar personal a la obtención de información y mejorar los convenios con otras administraciones. Y es que, aunque los porcentajes de recaudación en vía ejecutiva son «superiores a la media de las diputaciones», son «bajos, al no alcanzar el 50 % de las deudas, lo que redunda en unos porcentajes elevados de deudas acumuladas de ejercicios anteriores en esta vía». Ello permite concluir que «hay margen para mejorar la eficacia de las actuaciones de apremio y embargo que lleva a cabo la Diputación, con el objetivo de reducir los datos de fallidos y créditos declarados incobrables».

Estas son solo algunas de las recomendaciones que se incluyen en el informe correspondiente a la Diputación de Ávila, junto a la de que el Pleno de la Diputación debería aprobar una ordenanza general específicamente reguladora de la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos locales delegados. Con el objetivo de examinar la eficacia de la gestión recaudatoria que desempeñan las diputaciones provinciales para los ayuntamientos y el coste que genera, los informes han estudiado las diversas áreas, materias o procedimientos relacionados con la gestión tributaria y recaudatoria de las diputaciones. La fiscalización ha requerido el manejo de una "gran cantidad" de datos, dado que las nueve diputaciones gestionan la recaudación de unos 2.200 ayuntamientos en la Comunidad, destacan desde el Consejo de Cuentas