El Juzgado de Primera Instancia de Ávila ha admitido a trámite una demanda presentada por dos militantes socialistas, Leticia Sánchez, alcaldesa de Navarrevisca y diputada provincial, y Pedro José Muñoz, alcalde de Cebreros y portavoz en la Diputación Provincial, en la que se denuncian supuestas irregularidades en las primarias del PSOE de Ávila y también la vulneración de derechos fundamentales por parte del partido.
De esta manera, y según informan tanto Sánchez como Muñoz, «serán ahora los Juzgados y Tribunales quiénes decidan si se han producido la vulneración de los derechos fundamentales, en concreto, a la igualdad, artículo 14 de la Constitución, y de asociación, artículo 22 de la Constitución, en relación con lo dispuesto en el artículo 6 que obliga a que los partidos políticos tengan una estructura interna y funcionamiento democrático».
Leticia Sánchez, candidata a las primarias para la elección de Secretario General del PSOE de Ávila, denunció todo el proceso ante los órganos del PSOE, que, en el último mes de 2020 y, sobre todo, en 2021, se afilió a más de 100 militantes en la Agrupación Local de La Moraña, «cuyo voto fue determinante en el resultado de las primarias». Antes de presentar la demanda ante la Justicia, Leticia Sánchez ha utilizado «todos los recursos internos que establecen las normas del PSOE, que no ha atendido a los claros motivos que se recogían en las impugnaciones».
En el último recurso que pudo plantear, ante la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE, denunció «el desproporcionado y oportunista incremento de afiliaciones registrado en la Agrupación de La Moraña, que pasó de 105 afiliados en el año 2020 a 214 en el año 2021, y ha seguido aumentando entre el cierre censal para el 40 Congreso Federal, de 214 afiliados, y el cierre censal para el 15 Congreso Provincial, a 219 afiliados, y el censo electoral que se remitió al centro de votación, de 230 electores; que esa afiliación fraudulenta fue clave en el resultado final de las Primarias, puesto que la diferencia ha sido únicamente de 38 votos».
Los derechos vulnerados a Sánchez son «los recogidos en el artículo 14, derecho a la igualdad y artículo 22, derecho de asociación», y en la demanda solicita que «se anule la votación efectuada en las primarias en Pajares de Adaja, pues es la única sobre la que se ha formulado reclamación ante la Comisión Federal de Ética y Garantías, conllevando todo ello, también, la anulación de todo lo acaecido con posterioridad» y «ordenando una nueva votación en Pajares de Adaja de los militantes de las Agrupaciones Locales de La Moraña y Alta Moraña, una vez sean excluidos del censo todos las personas irregularmente afiliadas»
Pide también que «una vez efectuada la votación y escrutado el resultado de las Primarias para la Elección del Secretario General del 15 Congreso del PSOE de Ávila, se continúe con el proceso de elección de Delegados, previa la rectificación de los que corresponderían a la Agrupación Local de La Moraña, en virtud del número de militantes que figurasen en el censo de votación corregido, celebrando con posterioridad a todo ello 15 Congreso Provincial del PSOE de Ávila».
Presiones. Por su parte, los motivos de la demanda, en relación con Pedro José Muñoz González, son «los comportamientos de altos responsables de la dirección del PSOE que llevaron a cabo actuaciones tendentes a impedir que se presentase a las Primarias para la Elección de Secretario General del PSOE de Ávila en el marco del 15 Congreso Provincial, contraviniendo lo dispuesto en los Estatutos del Partido». Muñoz denuncia «presiones y maniobras» que le impidieron presentar su candidatura, «en las condiciones que recogen los Estatutos». A su juicio hay, además «violación de los artículos 14 y 22 de la Constitución».
Según explican los denunciantes, «la demanda se ha interpuesto cerca del plazo de vencimiento establecido en la Ley de Asociaciones», porque «han querido esperar a ver si había algún gesto del PSOE tendente a resolver la situación, no ha sido así», y no han tenido más remedio que «acudir a la Justicia para que se restablezcan los derechos fundamentales vulnerados». Ahora será la Justicia quién determine si hay violación de nuestros derechos, «confiando en que ese sea el resultado, pero lo que determine la Justicia será lo que acatemos, pues así funcionan las cosas en un Estado de Derecho».