La FeSP UGT demandó hoy a los grupos de las Cortes que investiguen lo sucedido en las residencias y analicen el modelo residencial después de conocer el informe de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en el que no se asume ninguna responsabilidad ni autocrítica por lo que “estamos condenados a sufrir lo mismo” en la segunda ola de la pandemia.
En una rueda de prensa, el secretario general de FeSP UGT, Tomás Pérez, la secretaria de servicios sociosanitarios del sindicato, Fonsi Bonafonte, y el secretario de Sanidad de UGT, Miguel Holguín, expresaron su preocupación por los brotes en residencias de los que la Junta no les facilita información por lo que estiman que puede haber más de los comunicados.
También, desgranaron el informe de 200 páginas de Familia y concluyeron que desinforma más que informa, que mienten en los datos recogidos y que no asumen ninguna responsabilidad ni hacen autocrítica de una “pésima gestión” por la que reiteraron la petición de cese de la titular de este departamento, Isabel Blanco, que hicieron extensible al equipo directivo.
“Caos, descontrol y dejadez que pone los pelos de punta”, resumió Holguín, tras un exhaustivo desglose de los datos del informe, sobre los que subrayó que solo 18 de 700 centros son de gestión pública, que solo el 80 por ciento de las plazas son públicas concertadas, que Familia fue la última consejería en tener los planes de contingencia, que fue en abril cuando empezaron a facilitar datos de fallecidos, que hasta mayo no se derivan usuarios a los hospitales o que hasta junio no se abastece de epis a los centros.
Es por estos datos por los que reiteraron al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que cese a Blanco y confiaron en que los grupos de las Cortes retomen el debate para investigar lo ocurrido en las residencias -solo Podemos ha pedido una comisión de investgación- y analicen el modelo residencial. “Hasta ahora nadie ha recogido el guante de UGT”, lamentó Tomás Pérez.
Pérez aclaró, ante la acusación de Blanco de falta de transparencia de UGT, que trasladó datos e informes en base a la información facilitada por trabajadores de estos centros a las fiscalías y algunas, entre ellas León, Soria o Palencia, indicaron que con lo aportado no podían abrir una investigación, pero en el caso de Segovia o Valladolid no se ha respondido, si bien el fiscal jefe de Valladolid dijo en la prensa que la investigación está abierta.
El dirigente ugetista, que insistió en que su sindicato ya denunció este modelo mercantilista y privado ante de que haya “explotado” por la pandemia, formuló ante la prensa una batería de preguntas a la consejera sobre el seguimiento de los 42 protocolos, por qué fue la última en contar con planes de contingencia o por qué no se hacen públicos las 500 inspecciones en centros y por qué no se han inspeccionado 200.
“Por qué no dimite por su pésima gestión, tiene que ser cesada ya”, recalcó Pérez, que incidió, igual que Holguín, en que “de facto” la Consejería de Sanidad intervino a la de Familia ante lo que ocurría en las residencias con falta de equipos de protección o de planes de contingencia, aunque reconoció que la instrucción de la Gerencia de Salud fue que se les atendiera “in situ”.
Igualmente, criticaron que Familia se haya defendido como “un gato panza arriba” para no facilitar los datos de residencias privadas y haya recurrido a una serie de informes jurídicos para no facilitar una información de interés público, como ha dicho el Comisionado de Transparencia.
Estado del Bienestar
“Se presumía del Estado del Bienestar, pero igual se carecía de Estado del Bienestar”, zanjó Pérez, que subrayó como las pensiones, sanidad y educación son en su mayoría servicios públicos mientras que en el caso de la dependencia el 90 por ciento es privado de fondos de inversión y empresas que “solo miran por su interés”.
Por otro lado, vio llamativo Pérez que el informe hable en su índice del modelo residencial de EE.UU, Canadá, Alemania, Suecia, Francia y Reino Unido e ironizó con que así sabremos lo ocurrido en las residencias de las provincias de Castilla y León.
Por su parte, Fonsi Bonafonte criticó que no se recojan las reflexiones de los expertos en las mesas que podrían servir como una auditoría para la mejora del modelo, pidió rigor y aseguró que la “raíz está podrida”, por lo que urgió a que se cambien las condiciones laborales de los profesionales.
Además, manifestó que se han realizado 42 protocolos por la Junta sin que se conozca su seguimiento, incidió en las condiciones en las que trabajan los profesionales con buzos desechables que se reutilizan durante quince días y concluyó con que la ratio no sea global, sino adaptado por tipo de usuario y dependencia, a la vez que pidió una Comisión de la Dependencia en las Cortes.