Ofensiva política para exigir al Gobierno los 142 millones

SPC
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La Junta anuncia que hará todo lo posible para lograr su ingreso, el PSOE insiste que se entregarán «cuando sea posible» y Podemos ve «deseable» su abono

FranciscoVázquez, Luis Fuentes (c) y Ana Sánchez, durante la reunión de portavoces celebrada ayer en las Cortes. - Foto: Miriam Chacon (Ical)

Castilla y León se resiste a perder los 142 millones de euros que el Estado adeuda a la Comunidad de los ingresos del IVA del mes de diciembre de 2017, y que, recientemente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que el plazo para su abono había caducado. Una postura a la que la región se resigna y que ayer manifestó desde diferentes flancos, fijando una ofensiva autonómica para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que traspase a las arcas regionales los fondos pendientes. Junta, sindicatos y partidos reivindicaron la necesidad de que la Comunidad cuente con esa partida presupuestaria para hacer frente al creciente gasto que arrastra Castilla y León. Sin embargo, existen distintas opiniones sobre la forma de reclamar los 142 millones, ya que, mientras que la Junta, PP y Ciudadanos exigen su abono sin contrapartidas y de forma inmediata, desde el PSOE piden que se «deje de insultar y utilizar las instituciones» y aseguran que el Gobierno central pagará «cuando pueda», y Podemos sostuvo que sería «deseable» que la Comunidad cuente con ese dinero.
Dentro de esta estrategia, la Junta de Castilla y León no descarta ninguna actuación para la devolución del IVA, pero considera que es el Gobierno quien tiene la obligación de «devolver lo que no es suyo». En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, manifestó que los Servicios Jurídicos de la Junta evalúan cómo se puede hacer esta petición y si cabe alguna actuación. Una postura, la de judicializar el impago, que ya han anunciado otras comunidades gobernadas por el PP y Ciudadanos como Andalucía y Madrid, o por los populares como Galicia.
«Hay que insistir vehementemente en que la gente de Castilla y León pagó el IVA en 2017» cuando realizó compras y «es un dinero que se ha guardado el Gobierno», argumentó Ibáñez, que rechazó «cualquier excusa» del nuevo Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos para «desviar la atención», en referencia a que no es posible realizar ese pago, informa Ical.
Por ello, manifestó que los Servicios Jurídicos de la Junta analizan como se podría realizar la petición, sin descartar ninguna actuación, después de que la pasada semana el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, acusara al Gobierno de «apropiación indebida» de un dinero que es de la Comunidad.
Tudanca reta a la Junta

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, emplazó a la Junta a ir a los tribunales para reclamar el pago de los 142 millones. Así, reiteró que el Gobierno de España los abonará si existe una fórmula jurídica, porque recalcó que no es una cuestión de «voluntad». «El impago se generó en la etapa de Mariano Rajoy», dijo, por lo que acusó al PP de ser el causante de esta situación. Así, recordó que cuando existen conflictos entre administraciones, estos se resuelven en los tribunales. Sobre las críticas de PP y Cs, el socialista lamentó que utilicen las instituciones de Castilla y León para hacer oposición al Gobierno de España y les instó a «dejar de contaminar la política en esta Comunidad».
Una postura más nítida sobre la reclamación al Estado del IVA mostró el secretario autonómico de Podemos, Pablo Fernández, que aseguró que sería «deseable» que la Comunidad recibiera estos fondos, para lo que pidió el Gobierno que haga un «esfuerzo para pagarlo», si bien ante las exigencias del PP aventuró que pronto acuñara el eslogan «España nos roba». Además, sostuvo que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, utiliza sus críticas alGobierno central para tapar sus carencias en la gestión autonómica.
«Prácticas mafiosas»

Desde el PP, su portavoz en las Cortes, Raúl de la Hoz, expuso una posición contundente y expresó su temor de que el Gobierno se comporte como los «mafiosos», que primero quitan lo que es de uno, para luego pedir un «rescate», que sería el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. De la Hoz confió en que en esta ocasión el Gobierno de España no sea «tan rastrero» y anunció que presentarán una proposición no de ley para su debate en el próximo pleno de las Cortes. Al respecto, el portavoz popular argumentó que la iniciativa pide que el Ejecutivo pague «sin excusas» y de forma «inmediata» los 142 millones pendientes, para lo que  solicitó el apoyo a la proposición del Grupo Socialista, como ocurrió en el Parlamento de Castilla-La Mancha.
Por último, la portavoz de Cs en las Cortes, Carlota Amigo, apuró a la Junta a que haga «todo lo necesario» para recibir los fondos del IVA del «Gobierno de la desigualdad en el ámbito territorial». «No nos puede quitar un dinero que nos corresponde», concluyó.