La Junta prevé aplicar en marzo la mejora a funcionarios

S. Gonzalez
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El decreto ley debe convalidarse en el pleno de las Cortes que se celebrará la tercera semana de febrero aunque será con carácter retroactivo desde el 1 de enero y supondrá 95 millones para las arcas públicas

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, explica los acuerdos del Consejo de Gobierno ante la ausencia del portavoz, Francisco Igea. - Foto: Miriam Chacon (Ical)

La Junta de Castilla y León prevé que el aumento del 2 por ciento en las retribuciones salariales de los casi 85.500 empleados públicos de la administración autonómica, cuyo coste supondrá 95 millones de euros a las arcas de la Comunidad, sea efectivo en la nómina de marzo, aunque tendrá efectos retroactivos al 1 de enero de este año.
El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, explicó el contenido del decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno y que  ahora será enviado a las Cortes para su convalidación en el pleno que tendrá lugar en la tercera semana de febrero.
La medida de incremento retributivo en el ámbito del sector público afecta a todos los trabajadores al servicio de la Comunidad, que llegan casi a 85.500 empleados en Castilla y León: 19.729 empleados de la administración general, 31.460 docentes (incluido el personal de administración de los centros educativos) y 34.263 profesionales sanitarios.
Este acuerdo, que llega tras la decisión del Consejo de Ministros, supondrá un coste de 95 millones de euros para las arcas de la Comunidad dentro de un presupuesto que se encuentra prorrogado. Ibáñez detalló que 80 millones están asignados al capítulo I de las cuentas (gastos de personal) dirigidos a los empleados públicos, mientras que los otros 15 se incluyen en el capítulo IV (transferencias de la Junta) e irán destinados al personal de las cuatro universidades públicas y de la escuela concertada.
El consejero, que esta semana se convirtió en portavoz de la Junta tras el Consejo de Gobierno ante la ausencia de Francisco Igea, precisó que la pretensión del Ejecutivo autonómico era que la ley se hubiera convalidado en el primer pleno de febrero, previsto para la próxima semana, pero el adelanto de la Junta de Portavoces del Parlamento para acordar el orden del día de la sesión antes de la celebración del Consejo de Gobierno no lo ha hecho posible, por lo que será en el segundo plenario del mes, previsto para los próximos días 18 y 19.
No obstante, Ángel Ibáñez explicó que a lo largo del mes de febrero se realizará todo el trabajo técnico y administrativo para que los empleados públicos tengan en la nómina de marzo el aumento previsto en el Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros, si bien recordó que esta medida ya estaba en el II Acuerdo de Mejora del Empleo Público suscrito por el Gobierno de Mariano Rajoy con CCOO, UGT y CSIF en octubre de 2018.
Una paga

A pesar de ello, el consejero de la Presidencia manifestó que aún se está analizando la forma en que realizará el pago de las cantidades correspondientes a los meses ya abonados desde el 1 de enero de 2020, lo que podría hacerse en una paga única en el mes de marzo o prorrateada en varios meses. «Los técnicos están estudiando la manera más conveniente y mejor para todos», insistió Ibáñez, quien restó importancia al retraso en su pago.
La Junta pone en valor la aplicación «de forma inmediata» de la subida salarial a los empleados públicos, aunque recuerda que esta medida ya fue acordada con el Gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular), aunque no ha sido hasta este mes cuando el Ejecutivo central lo ha puesto en marcha con su aprobación en el Consejo de Ministros.