La Junta de Castilla y León tramita, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la contratación para la redacción de unas normas urbanísticas de ámbito provincial en Ávila, que afectarán a todos los municipios de la provincia abulense que no cuenten con un instrumento de planeamiento general. En un principio, en esta provincia son 172 los municipios que se verán ordenados por esta nueva figura de planeamiento que servirá para atender las necesidades de su urbanismo cotidiano con unas normas que, respetuosas con el medio ambiente, no impidan la implantación de iniciativas económicas, muchas veces ligadas a la industria agroalimentaria o de turismo rural, por rigideces de interpretación o mera obsolescencia de las actuales normas, que ya cuentan con más de veinte años de vigencia. De esta forma, estas normas territoriales sustituirán, actualizándolas, a las vigentes normas subsidiarias de planeamiento municipal con ámbito provincial de Ávila, aprobadas en 1997.

La justificación de este contrato se encuentra en la atomización municipal del territorio y la insuficiencia de medios y recursos económicos de muchos ayuntamientos, lo que puede suponer un obstáculo para la tramitación urbanística. Sin embargo, ahora se trata de contar con un instrumento de planeamiento que, en clave de desarrollo sostenible, pueda atender con la necesaria seguridad jurídica y respeto al medio ambiente, las necesidades «de la muy debilitada estructura económica y social de los pequeños municipios de la provincia de Ávila», se explica en el expediente de la contratación.

Para ello, el proceso de actualización de la normativa urbanística ha sido objeto de un convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta y la Diputación de Ávila, suscrito el 25 de septiembre de 2018, de modo que la Consejería contrata los trabajos de redacción del documento y la Diputación presta el apoyo técnico necesario y la coordinación con los municipios afectados, corriendo cada una de las partes con un 50 por ciento de la contratación. Para ello se ha sacado a licitación la redacción de las normas urbanísticas con un presupuesto de 200.000 euros y un plazo de ejecución de 33 meses. La obtención de pliegos y las ofertas está abierta hasta el próximo 25 de marzo.