Todos los grupos con representaciones en las Cortes, excepto los dos procuradores de Podemos que se han abstenido, respaldaron ayer la modificación de la Ley de Presupuestos para flexibilizar el remanente presupuestario con el fin de afrontar los gastos derivados de crisis sanitarias como la de la covid-19, un cambio que ha contado con el respaldo de los socialistas pese a las numerosas críticas vertidas por los socialistas que finalmente votaron a favor. En concreto, las Cortes dieron luz verde a la modificación normativa en la que se determina que, en determinados supuestos excepcionales de Emergencia de Salud Pública debidamente declarada, se habiliten mecanismos adicionales para atender a los gastos derivados directamente de esa situación, así como otros que deban seguir atendiéndose para la correcta prestación de servicios por parte de la Administración.
La defensa del texto fue llevada a cabo por el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, quien señaló que la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19 «ha mostrado la necesidad de afrontar importantes gastos, inicialmente no previstos, para garantizar la adecuada asistencia sanitaria y asegurar la prestación de servicios públicos». Por ello, la modificación de la Ley permitirá «dirigir los máximos recursos posibles para dar una respuesta ágil a las necesidades», además de «agilizar y flexibilizar los procesos de comprobación de la inversión», asegurando, no obstante, «el uso eficiente de los recursos públicos para atender las insuficiencias presupuestarias derivadas de las exigencias de salud pública que conlleven un súbito aumento del gasto público», informa Ical.
Se trata, en definitiva, de «una excepción al destino de los remanentes designados para reducir deuda, para que se puedan asignar a gastos derivados de una crisis como la vivida», más aún cuando, según Carriedo, «los fondos que se han recibido por parte del Gobierno han sido insuficientes» puesto que «la redistribución del fondo nacional no reembolsable ha perjudicado a Comunidades como la nuestra».
Críticas socialistas
La procuradora socialista Rosa Rubio supeditó el voto favorable al acuerdo de su grupo parlamentario a la presentación del consejero, recordándole que en el Gobierno regional «son incumplidores de la estabilidad presupuestaria» y, por ello, exigiéndole «las cuentas claras» y que la reforma esté «limitada y definida al máximo, sin duda ni opacidad que tenga que dar lugar a la interpretación». Además, recordó que «la asistencia sanitaria adecuada debe ser siempre obligatoria, con y sin covid», aunque finalmente comprometió el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista porque «por encima de cualquier interés, está el interés de Castilla y León, y por eso apoyamos al Gobierno autonómico ante esta crisis desde el minuto cero».
Por el contrario, la procuradora de la formación naranja, Blanca Negrete, consideró necesaria la aprobación de la modificación de la Ley para «conseguir que Castilla y León sea una Comunidad mucho menos pobre y más eficiente» al «relajar» las condiciones establecidas para afrontar una emergencia sanitaria como la acontecida. Por su parte, la procuradora del PP, Rosa Esteban, consideró que la modificación de la Ley «adecua la respuesta a las necesidades de los castellano y leoneses, especialmente de los más afectados por la crisis», permitiendo al Gobierno de la Comunidad «dar respuestas ágiles y precisas».