El debate sobre el uso de los móviles o las tablets en los centros escolares, principalmente en los institutos de Secundaria, vuelve a la actualidad después de que algunas comunidades como Madrid o Galicia hayan prohibido su uso. En el caso de Castilla y León, Educación apuesta más por formar a los jóvenes en la utilización de las nuevas tecnologías en lugar de prohibir directamente su utilización dentro del aula. Partiendo de esta postura, la iniciativa presentada por el Procurador del Común aconsejando que se regule a través de una normativa autonómica se estudiará por parte de la Consejería y se responderá, aunque no prevén que sea de «forma inminente».
Castilla y León incluye la regulación de las nuevas tecnologías dentro de la normativa en materia de derechos y deberes de los alumnos, en la que se recoge que cada centro tiene sus propios reglamentos internos y establece sus propias normas. «La Comunidad en esta materia y, en general de convivencia, sacó en 2007 un decreto que regulaba derechos y deberes de los alumnos y donde establecía la participación de los padres. Posteriormente, en 2014, se hizo otra modificación y con esta norma es con la que estamos funcionando los centros en Castilla y León», explicó el director general de Centros, Planificación y Ordenación Educativa, José Miguel Sáez.
Aunque desde la Consejería de Educación no disponen de estadísticas oficiales sobre el número de centros que prohiben su uso en las aulas, Sáez concretó que prácticamente el cien por cien no autorizan su utilización, al menos durante las clases.
Un escenario que prácticamente se repite en todas las autonomías españolas a excepción de Galicia, donde está prohibido, y Madrid que lo hará a partir del próximo curso. En ambas se regula su prohibición como pasa a nivel estatal en países como Francia. «Nosotros en Castilla y León siempre hemos creído que los centros deben tener autonomía de funcionamiento y en esa responsabilidad hacen sus funciones», recalcó Sáez, que añadió que en el currículo de la Comunidad se incluye el uso de las nuevas tecnologías y «dentro de ellas está el uso responsable de las mismas». «Hay iniciativas para que nuestros alumnos sean responsables en el uso de las mismas, pero ya no solo en clase, que es la petición expresa, en general, ya que tienen muchas cosas buenas pero también tienen sus problemas como todos sabemos», puntualizó el director general.
Desde la Consejería de Educación aseguraron que «no se han detectado problemas, a través de las delegaciones provinciales, que son las inspecciones educativas, ni ha llegado ningún escrito de padres en este sentido».
Propuesta del procurador
El Procurador del Común retomó este debate hace unos días cuando pidió a Educación que creará una normativa que regule el uso o no de los dispositivos móviles en los centros educativos de Castilla y León. El director general de Centros, Planificación y Ordenación Educativa indicó que habían recibido la propuesta, que estudiarán y verán qué pueden hacer para «poder contentar al Procurador del Común». «En estos momentos tenemos nuestros mecanismos jurídicos que permiten una regulación de esta materia y normalmente está resultando bien», añadió.
Además, consideró que a los padres, a través de las ampas y los consejos escolares, «siempre se les escucha en todas las materias lógicamente y si viene un clamor en este sentido habría que hacerlo». «En este momento estamos en una fase de análisis de dicha propuesta y ya daremos una respuesta cuando tengamos una idea más o menos clara de lo que queremos hacer», comentó.
Desde el sindicato Anpe confirmaron que a través de la figura del Defensor del Profesor sí han llegado algunas quejas de docentes que son conscientes de que son grabados durante las clases y temen por el uso que se pueda hacer de ese material, problemas que se producen principalmente en Secundaria. «La inmensa mayoría de los chavales cumplen las normas, aunque sí hay casos», señaló la defensora del Profesor de Anpe en Castilla y León, María José Martín. Este sindicato apuesta por una regulación, aunque no la prohibición, «porque al instituto se va a formar pero también a socializar» y consideran que es necesaria una mayor concienciación de las familias.
También apuesta por una regulación desde CSIF, ya que cree que sí es necesario «hablar del tema» y una asistencia para el profesor, tanto jurídica como formativa. «Es un problema que afecta a la convivencia y al desarrollo de las clases», comentó Isabel Madruga. Desde Stecyl, su portavoz, Cristina Fulconis, es partidaria de mantener la actual regulación y que cada centro tenga autonomía para poder adoptar su decisión sobre este asunto y recordó que en muchas clases, principalmente de Bachilerato, el móvil o las tablets se utilizan con fines didácticos.