La diputada de VOX por Ávila, Georgina Trías, exigió al Gobierno el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga a la Generalidad de Cataluña a garantizar el mínimo del 25% de escolarización en español.

Lo ha hecho durante la interpelación urgente a la ministra de Educación, Pilar Alegría, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la enseñanza del español en todo el territorio nacional.

«El PSC votó antes de ayer en contra de la aplicación de la sentencia del tribunal Supremo que obliga al mínimo del 25% de escolarización en castellano. Si respetan y acatan las leyes, ¿por qué no votaron a favor?», preguntó Trías a la ministra Alegría.

La diputada de VOX denunció que, según distintos testimonios, el Gobierno catalán ha comunicado a los colegios que no acaten la sentencia del Supremo. «Esa supuesta normalización de la que hablan desde hace décadas es en realidad una instrumentalización de la lengua que usan como arma arrojadiza al servicio del separatismo y de la desafección y odio a todo lo que es español».

Asimismo, Trías rechazó la idea de que en Cataluña se esté normalizando la coexistencia entre ambas lenguas: «Se está imponiendo un modelo lingüístico de inmersión excluyente que divide a los catalanes y perjudica, en particular, a los más vulnerables y desfavorecidos socialmente cuya lengua mayoritaria es el español, y a los que la elitista alcaldesa de Barcelona envía a la educación privada».

Uno de los reproches que la diputada de VOX hizo a la ministra de Educación es su complicidad con el gobierno catalán: «El presidente catalán no sólo se niega a acatar la sentencia, sino que ha anunciado el año que viene un pacto por la lengua diciendo que el actual modelo se tiene que perfeccionar en el sentido contrario que dice el Tribunal Supremo», recalcó la diputada por Ávila..

Ante el desacato catalán, Trías recordó finalmente que VOX pide al Gobierno que aplique el artículo 155 de la Constitución Española y proceda a la intervención de la comunidad autónoma catalana, «no solo para que se cumplan las sentencias de los tribunales, sino para intervenir en cualquier materia que esté siendo objeto de sistemática infracción por la Generalidad reconduciendo la situación en favor del interés general de la nación y de todos los ciudadanos».