El aumento de los casos de conflictividad y violencia en el ámbito educativo sufridos por los profesores se asocia con la vuelta a la presencialidad en los centros educativos en el pasado curso 2020-2021, tal y como refleja el informe del Defensor del Profesor en Castilla y León, servicio del sindicato ANPE que durante el curso pasado atendió 59 denuncias, frente a las 38 registradas en el anterior. Aquí hay que tener en cuenta que ese curso de referencia, el de 2019-2020, estuvo condicionado por el confinamiento y la suspensión de las clases desde el mes de marzo de 2020, con lo que la comparación se está realizando sobre cuatro meses menos.

En la provincia de Ávila, según este reciente informe, se registraron el curso pasado cuatro denuncia de docentes, el 7% de las contabilizadas en las nueve provincias. En el curso 2019-2020 las situaciones de conflictividad remitidas desde Ávila habían sido dos, la mitad. 

De los mencionados 59 casos en Castilla y León, la mayoría de ellos se dieron en Burgos (28,8%), seguida de Palencia y Segovia, con el 13,5% de los casos cada una. León y Valladolid acapararon el 10% de las denunciad y, tras Salamanca (8,5%), se situaron Zamora y Ávila, con casi el 7% de las denuncias totales. Soria, por su parte, se quedó a la cola, con el 1,7%.

El servicio del Defensor del Profesor, creado en 2005 como «llamada de atención sobre la problemática de la violencia escolar», muestra en su informe unos datos «condicionados por la situación excepcional» de la COVID-19, de manera que en el curso 2019-2020 se apreció «un notable descenso en el número de casos, debido fundamentalmente a la teleformación», frente al «aumento» del curso siguiente, el de la vuelta a las aulas.

La Educación Secundaria y la Primaria acoparon algo más del 70% de las intervenciones, las cuales se clasifican en tres grandes bloques, el de la relación directa con los alumnos (más de la mitad de los casos), con los padres (más del 30%) y el apartado de otros. Las situaciones de conflictividad más frecuentes con los alumnos fueron las amenazas, seguidas por los daños a la propiedad del profesorado, el acoso y las agresiones físicas, además de situaciones de cyberbulling y faltas de respeto. En cuanto a los problemas con los padres, el informe destaca las situaciones de acoso y presión por las notas, así como las falsas acusaciones.  

El servicio de ANPE, que centró su actuación en el ámbito del asesoramiento y el apoyo psicológico, también pone el acento en que durante el curso pasado se produjo un aumento destacado de casos de depresión y bajas médicas entre el profesorado de la región. 

En su informe también refleja propuestas de mejora, como programas de prevención de acoso escolar, un plan específico de formación al profesorado, la actualización y cumplimiento de los decretos de convivencia o una adecuada asistencia jurídica y psicológica gratuita para docentes agredidos, entre otras.