El futuro del edificio de la Cámara de Comercio en Ávila, situado en la calle Eduardo Marquina, está mucho más próximo a decidirse, una vez que, con la resolución judicial correspondiente ya emitida, se está dentro del plazo de los diez días para que los trabajadores hagan efectiva la compra del palacio o encuentren a quien lo adquiera.
Se ha llegado a este punto dentro de un proceso judicial iniciado por los propios trabajadores y que derivó en que se llevara a subasta la venta del inmueble. Sin embargo, se cerró esta subasta sin que hubiera ninguna puja, lo que lleva, por trámite, a esta opción para los trabajadores. Según explica su representante legal, la intención es efectuar esta venta pero para ello es necesario tener «personas que lo quieran». Por el momento, señala, hay diez días para la adjudicación y hay «negociaciones avanzadas» pero también es cierto que «hasta que no esté el dinero en los juzgados» no se puede decir que se haya completado. Por el momento hay intenciones por «alguna empresa» y, es más, este mismo jueves «fueron cuatro o cinco a ver» el edificio pero esto no garantiza que se vaya a producir la venta porque lo cierto es que no se trata solo de comprar el inmueble sino todo lo que supone en cuanto a mantenimiento, limpieza o ponerlo en funcionamiento después de llevar dos años cerrado. Y esto es «un coste importante». La Cámara de Comercio está sin actividad desde la dimisión del presidente, el Comité Ejecutivo y del resto de integrantes del Pleno en diciembre de 2018. A partir de ahí se encomendó la labor a una junta gestora, aunque finalmente pasaría al Consejo Regional de Cámaras de Comercio.
Según explican, sí que se ha presentado la oferta a la Junta de Castilla y León, «que no ha contestado», dentro de un proceso que se quiere tener resuelto antes de las celebraciones de Navidad. Es en este tiempo en el que se quiere contar con una oferta que, por el momento, no se ha concretado.
Esta fase del proceso es una de las últimas dentro del trámite judicial abierto por las deudas existentes en la Cámara de Comercio e Industria. Entre estas deudas estaban las de los trabajadores, de unos 400.000 euros, lo que llevó a que el Juzgado de lo Social de Ávila determinara que saliera a subasta el edificio para hacer frente a los pagos. Lo cierto es que no era la primera vez que se llegaba a este punto, puesto que en otra ocasión sucedió lo mismo por una deuda con la Seguridad Social (38.000 euros), que finalmente se pudo afrontar al ser menor su cuantía.
Sin embargo, en este caso sí que hubo subasta pero finalizó el periodo abierto sin que se recibiera ninguna oferta para adquirir el edificio. Se trata de un inmueble que salió a subasta por un valor de algo más de dos millones de euros y así poder hacerse con la propiedad de la conocida como Casa-Palacio del Regidor Navarro, sede de la Cámara Oficial de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ávila.
Al no presentarse ofertas, se abrió un proceso específico (artículo 264 de la ley reguladora de la jurisdicción social) por el cual se da un plazo de diez días, una vez desierta la subasta, para que los trabajadores puedan adjudicarse el bien ellos mismos o a favor de un tercero, según explica la representación de los trabajadores. Para ello hacía falta una resolución del juzgado que ya se ha emitido.
Esta adquisición, según se explicó en su momento, se haría por valor de un 30 por ciento de la tasación, lo que rondaría los 650.000 euros. Pero no se trata solo de este precio sino que también está toda la parte de mantenimiento de un edificio muy amplio (se trata de un palacio que consta de planta baja y principal, con varias habitaciones y dependencias, patio central, cebadero y otros dos patios), además de que hay que cubrir todos los gastos, con el pago a los trabajadores con los intereses y a también a otros posibles deudores, aunque solo lo correspondiente a este edificio (por ejemplo el IBI), no toda la deuda que pudiera tener la Cámara de Comercio.
En el punto actual, lo que queda por ver es si finalmente alguna de las empresas interesadas deciden hacerse con la propiedad del bien. Si esto no sucede, se levantaría el embargo y no habría venta, lo que supone para los trabajadores tener que acudir al Fondo de Garantía Salarial.
Sí que es cierto que al tratarse de un edificio con protección, la Junta de Castilla y León tiene la opción de igualar la oferta que se presente.