La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias rechazó este viernes el tercer grado que para Iñaki Urdangarín había solicitado la semana pasada la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Brieva y que le hubiera permitido acudir a la prisión abulense sólo para dormir, dentro de un régimen de ‘semi libertad’.

En cambio, los que sí se ha aplicado al cuñado del Rey Felipe VI, tanto por parte del juez de primera Instancia de Valladolid como por la propia Instituciones Penitenciarias, es el artículo 100.2 del régimen penitenciario, lo que le permitirá disfrutar de un fin de semana la mes de libertad.

Se trataría, en palabras de Instituciones Penitenciarias, de un «segundo grado atenuado», con el que seguiría manteniendo sus 36 días de permiso anuales, así como sus tres salidas semananales de ocho horas cada una de ellas para realizar tareas de voluntariado, una misión que Iñaki Urdangarín lleva a cabo en el centro Don Horione, en  la madrileña localidad de Pozuelo de Alarcón.

El hecho de que Iñaki Urdangarín no haya cumplido aún la mitad de su condena (recordemos que ingresó en la prisión de Brieva en junio del año 2018) podría estar detrás de esta decisión.

Una decisión que, por cierto, ahora deberá ser ratificada por el juez de Vigilancia Penitenciaria, que según fuentes de Instituciones Penitenciarias bien puede aprobarla, rechazarla o, incluso, mejorar las condiciones sugeridas, ampliando a algún fin de semana más de libertad al mes.

Recordemos que La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Brieva solicitó la semana pasada el tercer grado para Iñaki Urdangarín tras revisar la condición del cuñado del Rey Felipe VI.

Finalmente, y «con un margen muy ajustado», de apenas un voto, la Junta de Tratamiento de Brieva aprobó la petición del tercer grado que trasladó entonces a Instituciones Penitenciarias, que disponía de un plazo de dos meses para tomar una decisión al respecto. Un plazo que a la vista de la fecha en la que se ha conocido su resolución no ha sido necesario.

 El marido de la Infanta Cristina cumple una condena de cinco años y diez meses de prisión por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias en el conocido como caso Nóos.