La primera ministra británica, Theresa May, celebra hoy una reunión maratoniana del Gobierno ante el actual bloqueo del Brexit por la falta de acuerdo en el Parlamento sobre alternativas al acuerdo negociado con Bruselas.

El gabinete de May mantendrá una reunión de cinco horas, en lugar de los habituales 90 minutos, según fuentes oficiales, ante el punto muerto en que está el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea de cara a la fecha de ruptura del día 12.

En las tres primeras horas de reunión, los ministros abordarán el divorcio sin la presencia de funcionarios, lo que ha sido interpretado por los medios como el intento de May de considerar la posible convocatoria de elecciones generales anticipadas o la fecha de la dimisión de la primera ministra conservadora.

Los diputados celebraron el lunes una serie de votos sobre posibles planes alternativos después de que el acuerdo negociado por el Gobierno con Bruselas fuese rechazado tres veces.

Sin embargo, la cámara baja no consiguió alcanzar la mayoría en ninguna de las opciones planteadas, como una unión aduanera, un mercado común 2.0 (la integración del Reino Unido en la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA), un referéndum de confirmación de un pacto de salida y postergar o cancelar el Brexit.

Ante el actual punto muerto, el Reino Unido puede verse obligado a solicitar una prórroga más extensa, para lo que deberá argumentar las razones a la UE, o salir del bloque sin acuerdo.

El Parlamento tiene previsto celebrar mañana otra jornada de "votos indicativos" con opciones para desbloquear la crisis, pero los medios han indicado que la primera ministra evalúa si somete por cuarta vez a votación su tratado de salida.

El pasado viernes, en la tercera votación, ese texto fue rechazado por 286 votos a favor y 344 en contra al término de una jornada parlamentaria en la que no se sometió a votación la declaración política que acompaña a ese documento.

El acuerdo de divorcio que se votó ya tres veces, que es vinculante, hace referencia a un período de transición desde el momento de la salida hasta finales de 2020, establece los derechos de los ciudadanos británicos y comunitarios y la factura que el país deberá pagar por su salida -de unos 45.000 millones de euros-.

También recoge la controvertida salvaguarda irlandesa, diseñada para evitar levantar una frontera entre las dos Irlandas.

La declaración política, que no es vinculante, hace mención a grandes rasgos los objetivos de la futura relación comercial entre el Reino Unido y la UE que debería negociarse en un periodo de transición hasta finales de 2020, siempre que el acuerdo de May salga finalmente adelante.