El diálogo social de Castilla y León «está muy maduro» y se van a seguir «diseñando las políticas con los agentes implicados que son los sindicatos y los empresarios». Sin embargo, estos agentes sociales autonómicos no serán corredactores de normas de la Junta, es decir, no participarán en la elaboración de las bases de los concursos, tal y como lo confirmó ayer el consejero de Empleo,GermánBarrios, que quiso zanjar la polémica surgida el pasado jueves con el informe de la Inspección. Así, manifestó que se van a seguir diseñando las políticas del Diálogo Social con los sindicatos y patronal, pero precisó que no serán corredactores de las normas porque es una potestad de la administración. Una postura más contundente mostró ayer también el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que aseguró que el cambio en sus nuevas bases «no tiene retorno». Durante un acto celebrado enValladolid, el número dos de la Junta consideró que los agentes sociales deben estar de acuerdo en que las ayudas de formación a desempleados sean eficaces, se evalúen y prime la libre concurrencia en su concesión, informa Ical.
Después de la tensa reunión el pasado jueves de sindicatos y patronal con la Junta tras conocerse el informe de la Inspección General de Servicios de la Administración en el que se pide la revisión de las bases reguladoras de los procedimientos de subvención vinculadas a la formación, orientación e inserción profesional por la participación de los agentes sociales, Igea recomendó ayer leer sus conclusiones, que, como ya avanzó el pasado jueves, el Ejecutivo regional va a cumplir.
«Hay que leerse el informe, es excelente, y dice lo que dice, no creo que el secretario general de CCOO critique la labor de los inspectores», manifestó el también consejero de Transparencia, después de que Vicente Andrés haya negado la participación en esas bases y calificado de «planteamientos desafortunados y palabras que se han sacado de contexto» lo dicho por Igea. En tal sentido, manifestó que el Diálogo Social marca unas políticas y dice quién tiene derecho a ellas, pero subrayó que corresponde a la Junta su desarrollo y recalcó que «tienen que ser eficaces», en el sentido de que tengan una evaluación.
Por ello, subrayó que a partir de ahora van a primar la medición de resultados, por lo que habrá una oficina de evaluación de las políticas públicas, y la libre competencia. Respecto de si el proceso seguido hasta ahora es legal o no, prefirió no pronunciarse en un asunto que está en los tribunales con los que la Junta va a colaborar al «cien por cien» en todo lo que se les pida. «La Junta se pone al lado de los parados que necesitan que las políticas sean lo más objetivas posibles», indicó.