Sería muy triste que de la historia de nuestro último medio siglo sólo quedara en el recuerdo la indecencia y el escándalo como santo y seña de nuestra sociedad. Pero, aun así, deberíamos pararnos a pensar cómo han influido en nuestro presente las prácticas irregulares que han salpicado la vida pública española, y que siguen azotando impactantes reveses, más allá de sus consecuencias reales.

Podemos recordar algunos de los casos más llamativos que nos suenan a todos (que nos revolverán el estómago), por contextualizar algunos de los episodios más oscuros de estos decenios, y que nos demuestran que hemos vivido demasiados después de la Transición, cuando se empezó a experimentar cierta impunidad ante algunos abusos.

Haciendo un orden casi cronológico, podemos empezar con los GAL, de actualidad después de que se barajara hasta esta semana la investigación del expresidente Felipe González tras la desclasificación de unos documentos de la CIA que afirmaba que González estuvo de acuerdo en la creación de este grupo para combatir a ETA. Lo cierto es que existió y se disolvió tras el asesinato de Lasa y Zabala, en octubre de 1983, en un acto tachado como uno de los crímenes de Estado más deleznables de la reciente historia de nuestro país arrastrando a prisión a ministros y un secretario de Estado.

El enriquecimiento ilícito de Juan Guerra supuso la constatación de redes clientelares y familiares en el ámbito político. El procesamiento por cohecho y prevaricación del hermano del número dos de Felipe González, Alfonso Guerra, convino que la Justicia estaba por encima, sin embargo, demostraba la complejidad de depurar todos los tentáculos. Estas redes, lamentablemente llegan hasta nuestros días, a pesar del rechazo que suponen para la ciudadanía.

El caso Filesa fue un montaje del Partido Socialista para cobrar comisiones con las que financiar la campaña electoral de 1989. El caso Gürtel, que afecta al Partido Popular, con condenas que suman más de 350 años de prisión, no es más que un punto y seguido. Entre tanto, el todopoderoso Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía durante el Ejecutivo de Aznar, ha sido también condenado, como sucedió con muchos rostros de quienes formaron parte del Gobierno popular.

En Andalucía el caso de los ERE arrastra más de doscientos imputados, con expresidentes autonómicos socialistas involucrados en un asunto de malversación de más de mil millones de euros. Pero no ha sido el único caso autonómico, después de que Jordi Pujol reconociera en 2015 que había ocultado varios millones de euros a Hacienda, lo que propició una investigación que ha revelado una de las redes de enriquecimiento ilícito más complejas, además de derrumbar un mito nacionalista.

La Casa Real, la institución que parecía vivir al margen de todas estas corruptelas, sufrió su primer revés con el caso Noos, un escándalo que supuso que a Iñaki Urdangarín le retiraran el título de conde de Barcelona, más allá de los años de prisión que ha venido cumpliendo en la cárcel de Brieva. Todo por unos contratos irregulares con la administración como fuente de financiación. Pero las denuncias de corrupción hacia la Casa Real se han extendido hasta el rey emérito Juan Carlos I, que abandonó España mientras la fiscalía del Supremo decidía si el monarca podía ser juzgado por un presunto delito fiscal.

Todo esto, más allá de los casos que se han visto en ayuntamientos, instituciones y organizaciones. Llegó un tiempo que no era extraño amanecer con una operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en algún rincón de la geografía española, pensando que alguna mañana podía pasar en nuestro entorno.

Entre tanto, han emergido fuerzas políticas (paradójicamente algunas con imputaciones desde sus inicios) buscando el hueco que propiciaba el malestar de la ciudadanía ante tantas prácticas irregulares, porque a pesar de las sentencias, que demuestran que el sistema tiene recursos para hacer frente a la degeneración, se ha instalado en la sociedad la sensación de que existe demasiada impunidad.

Total, que ha llovido en todos los lugares, por si alguno no se ha dado cuenta. El caso es que esta situación no nos deja pasar página, y por muchos objetivos de país que tengamos, si no se materializa un pacto real y útil de la política frente a la corrupción, seguiremos estancados, y con una política demasiado deteriorada.

Entre tanto, alguno seguirá jugando a eso de las puertas giratorias, porque ni quienes se han instituido como los defensores de la causa son capaces de demostrar que viven al margen de tanta podredumbre.