La realización de contratos y la demanda de unos precios justos han constituido dos de las reclamaciones históricas más importantes en el sector agrario. En los últimos años se han dado, sobre el papel, algunos pasos importantes para acabar con el incumplimiento de esos objetivos. Sin embargo, ambos se mantienen como retos pendientes: en unos casos por las estrategias de los operadores que dominan los mercados; en otros, por la escasa capacidad de los productores para defender sus derechos por su posición de inferioridad; y, finalmente, por la incapacidad de la Agencia para la Información y el Control de la Cadena Alimentaria (AICA) para llegar a todos los rincones, circunstancia que se está tratando de corregir con la asignación de más recursos para el cumplimiento de sus funciones.
En materia de contratos, la Ley de 2013 de la Cadena Alimentaria los requería para operaciones superiores a los 2.500 euros, excluyendo a la actividad de cooperativas o de pequeñas empresas que operasen en una situación de igual. Estas condiciones han sufrido solo ligeras modificaciones con el Real Decreto Ley del pasado febrero: en el tema cooperativo, eximiendo del contrato solamente si la entidad disponía de una regulación sobre las condiciones de entrega; y, en el caso de las pequeñas empresas, exigiendo el contrato aunque tuvieran una relación de equilibrio.
Tomando como referencia solo el primer semestre de este año, la AICA ha procedido a imponer algo más de 400 sanciones, tanto por falta de contratos como por su incumplimiento. Estas causas han sido igualmente las dominantes en las casi 2.200 sanciones impuestas por el Ministerio de Agricultura en virtud de esta ley desde 2014.
Entre los sectores de la producción agraria más importantes por el número de agricultores y ganaderos que llevan a cabo las operaciones de compraventa con industriales u operadores, oficialmente los mayores incumplimientos se dan en las frutas y hortalizas, con casi un millar de sanciones; 325 en leche; 261 en vino y aceite de oliva y, en la parte más baja, solo 14 en el sector de los cereales a pesar de los miles de productores afectados.
En leche, por su regulación especial, el sector funciona de forma general en base a contratos. En vino, los precios de las tablillas de las industrias suponen un punto de compromiso de las bodegas con los proveedores de uva. En hortalizas mandan las lonjas. En el caso de otras grandes producciones por el número de agricultores afectados, como son los cereales, la tónica es la no existencia de contratos, siguiendo en cada zona las costumbres del lugar. Los agricultores no reclaman los contratos porque nunca se hicieron y los operadores tampoco los imponen de forma generalizada a pesar del riesgo de sanción. En ese contexto, aunque la situación es diferente en cada zona, hay un dominio de entregas sin contratos, en consecuencia sin precios fijos ni cláusulas o mecanismos para determinarlos. En esas circunstancias, cuando un agricultor ha entregado en campaña su mercancía al operador sin un contrato, también ha otorgado a éste la capacidad real para determinar el precio sin que el labrador tenga capacidad para defender otras cotizaciones. Almacenar la producción propia y determinar el momento de la venta sería la salida ideal para el productor, salida sin embargo inviable para las docenas de miles de pequeños cerealistas fuera de una cooperativa.
En el otro gran objetivo histórico del sector, el de percibir unos precios justos, Agricultura respondía el pasado mes de febrero a las demandas por parte de las organizaciones agrarias con un Real Decreto Ley por el que se establecía la obligación de pagar por los productos unos precios que respondieran, como mínimo, a los costes de producción. A nueve meses de la aprobación de esa medida, su aplicación se mantiene como un reto.
Con tantos años a las espaldas sin una mínima regulación en esa dirección, es complejo pasar de la noche a la mañana a otro escenario simplemente porque lo diga el BOE. El Ministerio tiene previsto señalar próximamente los precios de coste medios para algunas producciones importantes como aceite, leche y cítricos que servirían al menos como referencia.
En este contexto, un primer paso desde la perspectiva del productor sería saber cuál es el precio de coste real en su explotación. Pero además de ello, aún conociendo perfectamente los costes de producción, el problema es defenderlos ante industriales y operadores por los grandes condicionantes que tienen la mayor parte de las producciones agrarias con dominio de productos perecederos o de difícil almacenamiento durante largos periodos de tiempo. La fruta, las hortalizas o las uvas tienen sus fechas de recogida y la leche se entrega a diario. En esa situación, un agricultor o ganadero no tiene ninguna capacidad para agotar una negociación en defensa de sus precios de coste y menos cuando se mantiene el dominio de los grandes operadores a los pequeños o medianos productores. Y firma un contrato señalando que el precio supone sus costes de producción, aunque no sea así.
En este escenario, con la exigencia de los contratos con precios de coste, desde la aprobación del Real Decreto Ley el pasado febrero, en el sector agrario se han seguido suscribiendo contratos en sectores como leche, aceite y uva por debajo de costes. Se trata de un proceso lento de cambiar por los vicios acumulados en el pasado con todo el poder para imponer un precio concentrado en las industrias y en los operadores. Ello requiere una posición de responsabilidad de los operadores para la sostenibilidad de la producción agraria pero, a la postre, una AICA con más medios para llegar controlar. El aumento en los presupuestos hasta superar los ocho millones de euros ha sido un paso positivo.