Castilla y León mantuvo el pasado año la tasa más baja de violencia de género en el país con 40,83 víctimas por cada 10.000 mujeres, muy por debajo de la media nacional que se situó en 66,56, según el informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recogido por Ical.

En total, en la Comunidad se presentaron 5.239 denuncias, un 3,1 por ciento menos que en 2017 (5.410), mientras que a nivel nacional se recibieron un total de 166.961 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento de 0,4 puntos respecto de 2017, cuando las denuncias fueron 166.263. Las mujeres víctimas de violencia machista fueron 158.590 (incremento del 0,2 por ciento), de las que 4.993 son de Castilla y León, lo que supone una caída del 3,3 por ciento.

Por comunidades, la tasa de mujeres víctimas de violencia de género se situó por encima de la media nacional en Baleares, con una ratio de 102,71; Comunidad Valenciana, con 86,97; Murcia, con 85,93; Canarias, con 78,85 y Andalucía, con 77,48 mientras que la ratio más baja, por detrás de Castilla y León, fue la de Extremadura, con 42,43 y Galicia, con una ratio de 44,13.

Por otra parte, en 2018 se produjeron 791 casos en los que las víctimas se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar, lo que representa un 15,8 por ciento del total, mientras que en España se produjeron 17.347 por ciento, un 10,9 por ciento del total de mujeres víctimas.

Además, el pasado año se solicitaron 1.487 órdenes de protección en los órganos judiciales de Castilla y León, de las que 1.079 fueron adoptadas (73 por ciento) y 408 denegadas (27 por ciento). En España fueron incoadas 39.176, de las que el 30 por ciento (11.691) fueron denegadas.

A nivel nacional también destaca e aumento de un 3,1 por ciento en las condenas por violencia de género, alcanzándose un máximo histórico anual del 70,45 por ciento.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, valoró el aumento de las condenas a maltratadores y el incremento de las denuncias presentadas en los órganos judiciales, ya que “nos vuelve a situar, por un lado en un escenario en el que es positivo que afloren todas las conductas violentas hacia la mujer y hacia los menores y, por otro, es evidente que nos sacude internamente pues estamos hablando de cifras inasumibles, impropias de una sociedad madura y civilizada”.

“Una vez más, pues, el mensaje a trasladar a la ciudadanía tiene que ver con que, pese a todos los imponderables que coexisten en una materia tan sensible como es la violencia de género, no hay impunidad alguna y el Estado de Derecho funciona”, afirmó.

Carmona también resaltó que en 2018 se duplicó el porcentaje de denuncias presentadas por familiares de las víctimas, sobrepasando un cuatro por ciento del total, cuando apenas se superaba un dos por ciento en 2017. “Es motivo de esperanza, pues en la implicación de familiares y entornos cercanos se gana mucho terreno para combatir, por un lado, la propia violencia de género y, por otra parte, para que la víctima deje de sentir buena parte de su soledad y desamparo”, afirmó.

No obstante, la presidenta del Observatorio muestra su preocupación por el creciendo del número de víctimas y por el inapreciable descenso de menores enjuiciados por la comisión de delitos de violencia de género. “Me preocupa que persistan todavía actitudes de violencia machista en nuestros jóvenes, que debieran ejemplificar mejor que cualquier otro segmento social los valores de igualdad, respeto y libertad”, aseveró.